El alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, socio de la línea cuyo microbús protagonizó la fatal colisión con un Biotren el 1 de septiembre, atribuyó al Estado parte también de la responsabilidad en la tragedia.

Hasta la Corte de Apelaciones de Concepción llegó el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, para denunciar por falta de servicio al Estado.

En específico, lo hizo a través de un recurso de protección, denunciando la falta de inversión vial por parte de los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

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En ese sentido, la consulta al jefe comunal fue si también, con ese argumento, se podía hacer responsable al Estado por la tragedia que causó el taxibús de la línea de la que él es representante legal, además de dueño de algunas máquinas.

La respuesta del líder comunal fue afirmativa, aunque sin desconocer la conducta irresponsable del conductor.

En la presentación de la acción legal, el alcalde Guiñez fue acompañado por residentes de San Pedro de la Paz, entre ellos Magaly Jara, dirigenta de la Junta de Vecinos del sector Arboleda, quien subrayó justamente en los accidentes ocurridos a raíz de la precaria infraestructura vial.

El abogado municipal, Guillermo Rioseco, explicó que a través del recurso se pide a la justicia obligar a los ministerios las inversiones para mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas.

La Corte de Apelaciones penquista determinará ahora la admisibilidad de acción legal, resolución que podría coincidir con la formalización del conductor del taxibús, hasta ahora único imputado como responsable de las siete muertes y la docena de lesionados que dejó la tragedia ferroviaria.