La ex candidata a diputada está bajo la lupa por el uso de 250 millones de pesos que recibió del Gobierno Regional del Bío Bío a través de una fundación.
La Defensoría Penal Pública (DPP) confirmó que asumirá la representación de Camila Polizzi en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en relación al Caso Convenios. Las indagatorias involucran a exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío (GORE Bío Bío) por presuntos delitos de corrupción.
Según informó Radio Bío Bío, la Defensoría representará no sólo a Camila Polizzi, sino también a su pareja, Sebastián Polanco, ambos investigados por la arista que tiene que ver con la Fundación en Ti.
De acuerdo con los antecedentes, la ex candidata a diputada arrendó la organización para la obtención desde el GORE Bío Bío de 250 millones de pesos, cuyo uso está siendo indagado por la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo.
La arista Polizzi del Caso Convenios en la zona se destapó a mediados de julio, luego de que BBCL Investiga publicara un reportaje titulado “Mecanismo Polizzi: cómo excandidata apitutó cercanos en millonario programa con fundación ‘arrendada’“, generando una ola de cuestionamientos hacia la institución liderada por Rodrigo Díaz.
Allanamiento al GORE Bío Bío por Caso Convenios
Recordemos que este lunes, la Fiscalía de Alta Complejidad realizó una serie de allanamientos en el Gobierno Regional del Bío Bío, en el contexto de las investigaciones por los convenios.
La fiscal María José Aguayo, se refirió al operativo por una de las cinco causas vigentes relacionadas con el Caso Convenios en la zona. “Es una diligencia que se realizó por la incautación tanto de documentación, equipos tecnológicos como también resoluciones judiciales de algunos particulares“, dijo la persecutora.
Aguayo explicó que producto del secreto en la investigación, no podía entregar mayores antecedentes sobre la arista Fundación en Ti. Sin embargo, aseguró que el Ministerio Público está trabajando con la mayor prontitud posible para esclarecer los hechos.
Los delitos que se están investigando van desde “fraude al fisco hasta negociaciones incompatibles y no se descarta ningún delito relacionado a corrupción o enriquecimiento ilícito”, expuso la persecutora. La Fiscal advirtió además que si se determina que algún funcionario público o particular destruye o altera evidencia, se abrirá una investigación por obstrucción a la investigación.
La diligencia fiscal coincidió con la renuncia de tres personeros de confianza del Gobernador y que trabajaban en el GORE, lo que generó suspicacias sobre una posible fuga de información.
