La fiscal anticorrupción, María José Aguayo, reveló que hay personas imputadas y otras que están siendo investigadas por presuntos delitos de corrupción en el marco del ingreso realizado en el Gobierno Regional del Bío Bío. No descartó que se abran nuevas aristas ni que se soliciten órdenes de detención.
La mañana de este lunes, la Fiscalía de Alta Complejidad realizó una serie de allanamientos en el Gobierno Regional del Bío Bío, en el contexto de las investigaciones por los convenios entre el GORE y organizaciones que estarían bajo la lupa por presuntos delitos de corrupción.
La fiscal anticorrupción a cargo de la diligencia, María José Aguayo, se refirió al operativo que se llevó a cabo esta jornada por una de las cinco causas vigentes relacionadas con el Caso Convenio. “Es una diligencia que se realizó por la incautación tanto de documentación, equipos tecnológicos como también resoluciones judiciales de algunos particulares“, dijo la persecutora.
Aguayo explicó que no podía dar mayores antecedentes sobre la arista Fundación en Ti, entidad arrendada por Camila Polizzi para adjudicarse poco más de 250 millones de pesos, que también fue objeto de allanamiento, debido al secreto de la investigación. Sin embargo, aseguró que el Ministerio Público está trabajando con la mayor prontitud posible para esclarecer los hechos.
Eventuales delitos de fraude al fisco y enriquecimiento ilícito por Caso Convenios
Los delitos que se están investigando van desde “fraude al fisco hasta negociaciones incompatibles y no se descarta ningún delito relacionado a corrupción o enriquecimiento ilícito”, expuso la persecutora. La Fiscal advirtió además que si se determina que algún funcionario público o particular destruye o altera evidencia, se abrirá una investigación por obstrucción a la investigación.
La diligencia fiscal coincidió con la renuncia de tres personeros de confianza del Gobernador y que trabajaban en el GORE, lo que generó suspicacias sobre una posible fuga de información.
Aguayo señaló que al día de hoy no existen mayores antecedentes para hacer ese tipo de afirmaciones, pero que “se realizarán las pericias correspondientes” a los equipos incautados.
En medio de las consultas de la prensa, la fiscal confirmó que hay personas que tienen la calidad de imputadas y sujetos de interés. Sin embargo, no quiso revelar sus identidades ni los delitos específicos por los que se les investiga, producto del secreto de la causa.
Aguayo tampoco descartó que se ejecuten nuevas diligencias en otros organismos del Estado, como el Serviu, ni que se soliciten órdenes de detención. “No lo puedo afirmar ni descartar, porque justamente para el éxito de las mismas es importante la reserva“, explicó la persecutora.
La Fiscal agregó que algunas de las investigaciones se iniciaron por autodenuncias de funcionarios. También dijo que existen querellas interpuestas por los hechos. Al ser consultada por los nombres de Rodrigo Alarcón, Rodrigo Martínez y Simón Acuña, dijo que todos son sujetos de interés para el Ministerio Público.
Retiro de dispositivos y documentación por la puerta trasera
La Policía de Investigaciones (PDI) arribó hasta las dependencias del Gobierno Regional del Bío Bío (GORE Bío Bío) para dar cumplimiento a una orden de entrada y registro. La diligencia se gestó en medio de la investigación que desarrolla el Ministerio Público por el denominado Caso Convenios entre el organismo y fundaciones, y se extendió por más de 5:00 horas.
La fiscal anticorrupción de la Fiscalía Regional del Bío Bío, María José Aguayo, llegó al edificio ubicado en Avenida Prat #525 para liderar las diligencias. Se trata de la incautación de documentos y computadores desde las oficinas de la gobernación regional, elementos que los sacaron por la puerta trasera del edificio.
