Este lunes se conocieron nuevos detalles del operativo donde se desbarató una célula del Tren de Aragua que operaba en Concepción. Según se informó, los integrantes de esta organización delictual venezolana cobraban a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual $3.500.000 de multa para su liberación. Monto que subía con el paso de los días, lo que hacia imposible cancelarla.
La Fiscalía de la región del Bío Bío informó que las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual por integrantes del Tren de Aragua en Concepción debían pagar una “multa” que iba de los 3 millones 500 mil pesos.
La investigación desarrollada por la Fiscalía y la PDI estableció que 14 mujeres fueron internadas ilegalmente al país para explotarlas sexualmente por una banda liderada por integrantes de la organización multinacional venezolana Tren de Aragua. Delitos cometidos en inmuebles arrendados en Concepción desde febrero de 2022.
De Venezuela y Colombia provenían las mujeres víctimas de este delito, las que llegaron a Concepción tras ser trasladadas por las redes de dicha banda que ha extendido sus operaciones en diversos países de América Latina.
Una vez en el país, las afectadas llegaban a la capital regional con una “multa” inicial de 3 millones 50 mil pesos, la que aumentaba con el paso de los días por la imposición de diversos cobros. Deuda que debían pagar ejerciendo la prostitución.
Roles de imputados
En la investigación se estableció que Luis Franco Ceballos, colombino de 30 años, era quien actuaba como cabecilla en Concepción, por tanto, las víctimas estaban bajo su control y debían rendirle cuentas a él.
Franco tiene nexos directos con la jefatura del Tren de Aragua que está asentada en Perú y para sus movimientos delictuales contaba con un escolta, identificado como Enrique Silva León, venezolano de 18 años.
Pero Franco no actuaba solo, en la comisión del delito de explotación sexual de mujeres también colaboraba su pareja Mary Colmenarez Orozco, de 23 años, de nacionalidad venezolana. Además se asoció con Carlos Tulcan Montoya (colombiano de 34 años) y su pareja, Josette Rosales Rosales (chilena-argentina de 31 años).
La última pareja era quien tenía inmuebles en arriendo y subarrendaban habitaciones para que el cabecilla (Luis Franco) instalara a las víctimas de trata de personas.
300 efectivos participaron de allanamientos
Con los antecedentes recabados y tras contar con las órdenes correspondientes, el pasado jueves se llevó a cabo un amplio operativo que contó con la participación de 300 efectivos de la PDI.
En la diligencia se detuvo en flagrancia a tres personas por infracción a la ley de drogas: Efraín Guaimacuto Medina (27), Omar Partidas Camacaro (19) y Jesús Fernández Nogueira (23). Todos son venezolanos.
También se arrestó a dos mujeres venezolanas por infracción a la ley de armas: Keili Carreño Galea (29) y Aurimar Reyes Galea (19).
El jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Concepción, subprefecto Antonio Jeldres mencionó que “es una investigación en conjunto, desde hace más de un año, donde el equipo investigativo logró reunir evidencia necesaria para esclarecer este delito y otros, ligados al crimen organizado de una estructura criminal internacional que estaba asentada en Concepción, lo que nos permitió gestionar órdenes de entrada y registro para inmuebles e incautación de evidencia de importancia para el caso”.
Esta jornada se desarrolla la audiencia de formalización de cargos, donde la Fiscalía le imputa tres delitos a los 10 detenidos.
