La designación de un abogado que represente a un segundo sospechoso en el caso de Tomás Bravo todavía está en disputa. Esto porque se necesita de un curador ad litem para un individuo con sus facultades mentales alteradas.

Mientras se sigue la espera de peritajes que confirmen o descarten la responsabilidad del único imputado hasta ahora en el caso Tomás Bravo, se mantiene la disputa entre el Juzgado de Garantía, la Defensoría y el Ministerio Público sobre la designación de un abogado para que represente a un segundo sospechoso por la muerte del niño.

En una audiencia a fines de julio la Fiscalía informó la necesidad de un curador ad litem para un individuo con sus facultades mentales alteradas y quien es hoy una persona de interés para la investigación, esto tras retomarse una arista desechada a comienzos del caso.

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Entonces, el tribunal ordenó que la Defensoría Penal designara a ese abogado, de manera que pueda autorizar una pericia solicitada por el Ministerio Público y que tiene que ver con la obtención de una muestra biológica para realizar un examen de ADN al segundo sospechoso, conocido en el sector Caripilún como “El Tifus”.

A pesar de ese dictamen, hasta ahora la Defensoría no ha designado a ese curador ad litem, y para explicar por qué el incumplimiento e insistir en que debe ser la Corporación de Asistencia Judicial la que nombre al abogado, se fijó una audiencia hoy en el Juzgado de Garantía de Arauco.