Como algo "muy grave" y que debe ser investigado calificó el integrante del directorio de la Universidad de Concepción, Germán Acuña, la destrucción de muestras de Interferón ordenada por el Instituto de Salud Pública.
Germán Acuña, integrante del directorio de Universidad de Concepción (UdeC), se refirió a la destrucción de las partidas de Interferón que fue ordenada por el ISP, indicando que “es muy grave que nuestra universidad tenga que, por mandato del ISP, destruir drogas fabricadas por nuestros investigadores”.
En ese sentido, el también presidente del Colegio Médico en la región del Bío Bío reconoció estar muy complicado con la noticia, porque asegura que no sale gratis investigar y gestionar un fármaco de este tipo.
Álvaro Ortiz, tambień miembro del directorio de la casa de estudios superiores, reconoció que hay preocupación por las revelaciones del reportaje de BioBioChile y que el tema será visto en la próxima reunión del estamento.
La determinación del Instituto de Salud Pública se debió irregularidades que quedaron al descubierto tras un informe final de Contraloría, en relación con la Asociación Chilena de Farmacias Populares.
El cuestionado medicamento, producido por la UdeC, tras un convenio con la entidad liderada por Daniel Jadue, fue catalogado como un riesgo para la salud de la población y prohibida su distribución y venta.
A su vez, durante la jornada de este miércoles, la casa de estudios emitió un comunicado donde se señaló que “las muestras generadas no tenían valor o uso farmacéutico, porque solo fueron desarrolladas con fines analíticos y para estudios de estabilidad”, es decir, con fines experimentales.
En esa misma línea, confirmaron que después de una visita de inspección técnica realizada por parte del equipo del ISP a la Achifarp, “todas la muestras fueron enviadas a la Universidad de Concepción, donde fueron destruidas”.
Todos los antecedentes que recopiló la Contraloría respecto de los alcances de este convenio fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
Lo anterior, porque el órgano fiscalizador no pudo comprobar que la Municipalidad de Recoleta ni la Asociación de Farmacias Populares hayan realizado gestiones con el Minsal para un eventual uso del Interferón para el tratamiento del covid-19.
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