El caso de violencia registrado el pasado sábado en Iquique “es una consecuencia de malas políticas migratorias del Estado“, según la presidenta de la Fundación Red Inmigrante (Redin) de Los Ángeles, Verena Kulenkampff.
La destrucción de pertenencias de venezolanos en el norte del país, las cuales fueron quemadas por manifestantes chilenos, sigue concitando el rechazo de diferentes organizaciones que orientan a los migrantes.
Es el caso de Redin, cuya presidenta Verena Kulenkampff, señaló que la migración de venezolanos es compleja y que se podría escapar del control de cualquier país por la crisis social que vive la nación caribeña.
Agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, entrega escasas visas para miles de personas y que hay casos de espera de hasta 2 años.
Esto los lleva a tomar malas decisiones tras la frustración, ingresando por pasos no habilitados para solicitar refugio, pedir la regularización o autodenunciarse, precisó.
“Nos encontramos ante un Estado que se puede demorar meses e incluso años en responder (…) a mí parecer se está incubando pobreza con esas políticas o esa respuesta lenta que está teniendo el Estado ante la realidad migratoria“, declaró.
En el caso de Los Ángeles, la presidenta de Redin reconoció abusos contra algunos migrantes, en especial en la relación laboral.
“Vemos jefes abusivos que se aprovechan de los migrantes porque saben que necesitan el trabajo para poder tener visa (…) saben que el migrante va a aguantar para no perder la visa”, fuero sus palabras.
Verena Kulenkampff dijo que no discute ni defiende a quienes tienen antecedentes penales, donde claramente no se le puede entregar una visa y tienen que ser expulsados del país.
Sin embargo, expresó que la mayoría son personas honestas que viajaron buscando una mejor calidad de vida ante una medida desesperada de no tener alimentos ni medicamentos, entre otras necesidades, y se encuentran con un Estado que no hace nada.
Ante el episodio del fin de semana en Iquique, la justicia ofició a diversas autoridades para la habilitación de un albergue para migrantes que permanecen en los espacios públicos de la comuna.