Una fuerte crítica a la Corte de Apelaciones de Concepción hizo el abogado Adolfo Montiel, querellante en el caso Laja San Rosendo, que investigó la ejecución a manos de Carabineros de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles del Estado tras el golpe de Estado de 1973.
Y es que no obstante una presentación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, observando el retraso de tres meses en la sentencia por los recursos contra el fallo de primera instancia, hasta ahora el tribunal ni los ministros de la Tercera Sala se han pronunciado, conducta calificada como negligente por el abogado Montiel.
Tras recibir el escrito del Programa de Derechos Humanos, la presidenta de la Corte, ministra Matilde Esquerré, lo remitió a los jueces del caso Laja San Rosendo, estimando el abogado querellante que tal vez la solicitud, por lo grave de la demora en dictar el fallo, quizás debió ser analizada por el Pleno.
Tras dejar para redacción la sentencia el 5 de febrero, los ministros Juan Villa, Carola Rivas y Nancy Bluck tenían un máximo de 20 días para entregar la resolución sobre las condenas dictadas contra nueve carabineros, solicitando los querellantes sumar también como responsable de los homicidios a un ex ejecutivo de la CMPC.
