El Ministerio Público oficializó el fin del caso Asipes sin formalizados, no obstante los dineros recibidos por políticos y los cientos de millones de pesos cuyo destino, los industriales pesqueros, no pudieron explicar. La Fiscalía señaló que en ninguno de los casos se estableció la relación directa de los pagos con las votaciones de los parlamentarios en el Congreso.
Sin la presencia de ninguno de los querellantes y por cerca de tres horas se prolongó la audiencia donde la fiscal, María José Aguayo, informó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de cerrar sin formalizaciones la investigación del caso Asipes, que indagó la entrega de platas de parte de los industriales pesqueros a políticos del Bío Bío.
Tras un extenso relato, la persecutora explicó por qué se aplicó la facultad de no perseverar respecto del diputado Frank Sauerbaum, del ex parlamentario Cristián Campos y el ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, no obstante acreditarse su cercanía y los contactos con representantes de Asipes.
Sin embargo, la fiscal Aguayo confirmó que todos los políticos recibieron dineros. Súnico, por ejemplo, 33 millones de pesos percibidos a través de su esposa y $6 millones que Sauerbaum recibió desde la empresa de su hermano, aunque esos aportes fueron entregados cuando ellos ya no eran parte de la Cámara Baja.
En el caso de Jacqueline van Rysselberghe, la persecutora indicó que no se detectó pagos desde Asipes a la senadora, no obstante confirmarse que sus intervenciones en el Congreso iban en la línea de lo que Luis Felipe Moncada, como líder de los industriales de la pesca, le señalaba en correos electrónicos.
Con prácticamente los mismos argumentos se decidió no perseverar contra Asipes como persona jurídica, contra Luis Felipe Moncada como presidente o empresarios como Jan Stengel, mientras que contra el senador Carlos Bianchi se pidió el sobreseimiento.
Un importante antecedente entregado por la Fiscalía en la audiencia fue los más de 500 millones de pesos que entre 2011 y 2017 salieron de las arcas de Asipes, cuyo destino no pudo determinarse.
Ese dato llevó al abogado Rodrigo de la Barra, a cargo de la defensa de Moncada, a cuestionar la decisión de la fiscal Aguayo de referirse al peritaje contable realizado por la PDI, reclamo desechado por el tribunal.
Luego del término de la exposición del Ministerio Público, la jueza Andrea Díaz confirmó los sobreseimientos y la decisión de no perseverar, señalando además que cada interviniente debía pagar sus propias costas judiciales, liberando de esa responsabilidad a los querellantes ausentes en la audiencia, es decir los abogados del diputado Hugo Gutiérrez, de los pescadores artesanales y de los capitanes de pesca, quienes estuvieron detrás del origen del caso Asipes.
