La Seremi de Salud del Bío Bío restó importancia a la denuncia en Contraloría por no intervenir en la Corte de Apelaciones para defender la multa aplicada a GasSur, a raíz de la explosión en el Sanatorio Alemán el año pasado.
Víctimas de la emergencia cuestionan que abogados de la repartición pública no se presentaran a los alegatos, no obstante el rechazo del recurso de protección.
Fue a principios de año que GasSur recurrió de protección, denunciando como ilegal y arbitraria la multa de 50 millones de pesos aplicada por la Seremi de Salud del Bío Bío con motivo de la emergencia que dejó tres personas muertas el año pasado en el Sanatorio Alemán, además de medio centenar de lesionados.
La acción legal fue rechazada por la Corte de Apelaciones penquista, lo que para el seremi Héctor Muñoz confirma la validez de la labor fiscalizadora de la repartición.
No obstante el fallo, víctimas de la tragedia, entre ellas Ingrid Cofré y Susana Pérez, acudieron a la Contraloría para pedir una investigación en la Secretaría Regional Ministerial por no haber intervenido en los alegatos a través de sus abogados, lo que para el abogado Oscar Vega, equivale a un notable abandono de deberes por omisión.
Sin embargo, el abogado de la Seremi, Franco Olivari, explicó que la asistencia a los alegatos no asegura un fallo a favor o en contra, y que la entrega del sumario al tribunal de alzada fue considerada suficiente, como se confirmó con la sentencia, subrayó.
El caso se fue ahora a la Corte Suprema, tras la apelación de GasSur, que insistirá en la ilegalidad de la sanción de mil unidades tributarias mensuales por infracciones a la normativa, según la Seremi de Salud.
