Una extorsión económica fue denunciada por la defensa de Claudio Eguiluz tras la audiencia en el Juzgado de Garantía, donde debía prepararse el juicio por injurias y calumnias a raíz de la querella presentada por el excandidato a la presidencia de Renovación Nacional (RN) en el Bío Bío, Gabriel Torres.

El caso se originó a fines de 2018, en medio de las elecciones internas de Renovación Nacional, cuando Claudio Eguiluz acusó a Gabriel Torres de haber aceptado coimas durante su campaña a diputado el 2017.

El excandidato a timonel del partido se querelló entonces por injurias y calumnias, y tras la primera audiencia en enero hubo acercamientos para intentar un acuerdo que evite que el caso llegue a un juicio, informándose al Juzgado de Garantía de Concepción de conversaciones aún sin resultado.

Fue el abogado querellante, Jorge Salazar, quien se refirió a lo que pedía su cliente para una conciliación, incluyéndose además de una millonaria reparación el que Eguiluz se retracte de sus dichos.

El monto, agregaron los querellantes, fue rebajado a 75 millones de pesos y finalmente a 60, pero llegando al juzgado sin un acuerdo, explicando la defensa del exdirigente de RN, el abogado Waldo Ortega, que se trataba de una suma de dinero excesiva la que se estaba demandando.

Consultado, el profesional agregó que lo que había detrás de la exigencia era un intento de extorsión económica, considerando que si Claudio Eguiluz no acepta, va a un juicio y es condenado, arriesga la cárcel por estar ya condenado en otra causa y cumpliendo una pena sustitutiva.

Llamó la atención en la audiencia la opinión de la jueza Ana María Fierro frente al cuestionamiento por el monto de la indemnización que buscaba Gabriel Torres, respondiendo la magistrada al abogado Ortega que en otras causas ella había aprobado reparaciones de la misma entidad e incluso pagadas -subrayó- en “billetes”.