Probar la participación de civiles en la ejecución de 19 trabajadores de ferrocarriles y CMPC de Laja y San Rosendo en 1973, buscan los querellantes y familiares de las víctimas, tras conseguir la reapertura del caso.
Mauricio Araneda, abogado e hijo de una de los desaparecidos, dijo que con esto buscan que se realicen careos entre ex uniformados y ex ejecutivos de la papelera, lo que consiguieron tras la presentación de un recurso.
El jurista insistió en la necesidad de perseguir la responsabilidad penal de quienes colaboraron para la concreción de la denominada “masacre”, pese a que el tribunal no se formó esta convicción en la primera parte del proceso.
Gloria Urra, presidenta de la agrupación de detenidos y ejecutados, perdió a su hermano en 1973. Un día, cuando salió de la planta, fue detenido y su cuerpo apareció seis años más tarde en el fundo San Juan, en las cercanías de Yumbel.
Por ello está esperanzada en que las diligencias anunciadas para este semana logren clarificar lo acontecido y especialmente la participación de civiles, quienes actuaron como cómplices en la ejecución de 19 personas, incluido su familiar.
Concluidos los careos que se desarrollarán entre miércoles y viernes, será el ministro Carlos Aldana quien deberá evaluar los siguientes procesamientos, en el marco de esta emblemática causa de violación a los derechos humanos.
