La Defensoría está solicitando a los tribunales la revisión de condenas, invocando un aspecto de la Ley Corta Antodelincuencia que justamente buscaba sancionar más duramente la comisión de ilícitos.

El tema está generando polémica, apuntando como responsables a los legisladores que no previeron esta situación.

Dicha ley eliminó la agravante que se aplicaba a personas imputadas y que delinquían en grupo, es decir, que la comisión del ilícito se perpetrara por dos o más malechores, como señalaba el Código Penal.

Invocando este punto es que los defensores penitenciarios están comenzando a pedir la readecuación de penas, según explicó el jefe de la Defensoría Regional, Osvaldo Pizarro. “La Ley Corta Agenda Antidelincuencia, desde el momento en que elimina una circunstancia de agravante, permite revisar aquellas sentencias donde esta agravante fue aplicada y pedir que la sentencia sea revisada”, detalló.

Esto está permitiendo en algunos casos la rebaja de las sanciones y en otros derechamente la libertad de los condenados, expresando el Colegio de Abogados de Concepción, a través de su presidente Ignacio Sapiaín, que el beneficio va en contra de la sensación de seguridad ciudadana que perseguía la ley, pero responsabilizando por esto a los legisladores.

“Hay un error de técnica legislativa y falta de conciencia al momento de elaborar las leyes”, recalcó Sapiaín.

Ante lo que podría transformarse en una ola de solicitudes de rebaja de condenas, el Legislativo ya está evaluando un posible cambio a la Ley Corta, lo que el defensor regional pidió analizar con detención.

“Si se modificara nuevamente la ley, se está nuevamente legislando, por así decirlo, sin ningún tipo de metodologías, sin un estudio concreto de los efectos de la aplicación de la ley”, sostuvo Pizarro.

En la región del Bío Bío son al menos tres las solicitudes de rebaja de condena presentadas, dos acogidas en Chillán donde los condenados fueron dejados en libertad, y una tercera en Concepción, donde el Tribunal Oral rechazó revisar la pena, por lo que la Defensoría Penal recurrió de amparo, siendo inminente el pronunciamiento.