Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A; empresa que representa a los dueños del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio en la región de Valparaíso, fue tajante al afirmar que no están dispuestos a negociar con “los usurpadores”.
En entrevista exclusiva con Radio Bío Bío Valparaíso, Pereira declaró que “nunca hemos estado disponibles para negociar con los usurpadores porque, precisamente, ellos atentaron en contra del derecho de propiedad de mis representados, y nunca ha sido una situación que se haya pensado en circunstancia”.
“Nosotros solamente accedimos a sentarnos a negociar con el Gobierno a propósito de la mesa de negociación, pero nunca con los usurpadores“, recalcó el defensor, añadiendo que hoy día “no existe ningún diálogo abierto con el Ministerio de Vivienda”.
Abogado de la Inmobiliaria San Antonio respecto a la megatoma en la región de Valparaíso
El abogado, tanto por su parte como de los propietarios del terreno, lamentó profundamente que existiera “este abandono de parte del Ministerio de Vivienda, que fue quien orquestó todas estas negociaciones a la fecha”.
Sin embargo, subrayó algo que ya se ha manifestado en otras entrevistas y a la opinión pública: los propietarios no se cierran a alguna posibilidad de conversar con las autoridades de Gobierno.
Junto con ello, aseguró que lo único que buscan en este momento es “la restitución del derecho de propiedad que ostentan mis representados sobre los terrenos ubicados en San Antonio”.
El abogado precisó, además, que el último mes han solicitado reuniones de lobby tanto con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, como con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
Lo anterior también con “la gente de la delegación presidencial y con el gobernador provincial; todas las cuales han sido rechazadas o no contestadas. Por tanto, a la fecha, no tenemos ningún diálogo abierto con ninguna autoridad de Gobierno en orden de poder arribar a un acuerdo o acercar posiciones sobre el tema”.
Pereira recordó que el pasado 11 de septiembre, ingresaron un escrito solicitando el cúmplase del fallo del caso. “Obviamente esto se ingresó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Posteriormente, la Corte solicitó a cada uno de los actores involucrados respuesta respecto de las gestiones que se han realizado tendientes al cumplimiento del fallo, esto del desalojo“, explicó.
Después “se evacuaron dichos informes; todos los cuales no indicaron ninguna gestión distinta a las informadas en febrero de este año y, en consecuencia, nosotros presentamos un escrito solicitando que derechamente se fije fecha para el desalojo, es decir, el cúmplase de la sentencia, lo cual está pendiente de resolución por la Corte”, siguió el defensor.
—¿Qué papeles juegan ustedes en caso de que se realice el desalojo del predio?
Nosotros lo que tenemos que hacer es acatar el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que fue ratificado por la Corte Suprema en donde a los propietarios no se les impone ninguna obligación de ninguna naturaleza, más que simplemente la de que se les restituya su derecho de propiedad y nosotros vamos a estar a lo que diga el fallo y a la coordinación que se tenga que hacer en su oportunidad, pero no vamos a gestionar ninguna otra actuación que no sea impuesta por la sentencia ni por la ley.
—¿Cuándo fue la última vez que conversaron con el Ministerio de Vivienda o netamente con el Gobierno?, ¿cuándo fue la última fecha desde que ya no han recibido respuesta por parte de ellos?
No tengo la fecha precisa, pero aproximadamente hace un mes; una semana posterior al rompimiento de la mesa (técnica).
—¿Cuánto es más o menos el plazo que tienen que esperar para que se llegue al cúmplase de la Corte de Apelaciones? Es un plazo que ve el Poder Judicial, pero cuánto estiman ustedes que resta ahora para que, finalmente, se concrete el desalojo de no llegar a una oferta concreta, considerando que tampoco han tenido conversaciones actuales con el Minvu.
Lo que nosotros estamos esperando es que se resuelva directamente el escrito que nosotros presentamos la semana pasada en orden de que se establezca una fecha de desalojo. Luego de eso, naturalmente que va a ser de cargo del Gobierno llevar adelante el cumplimiento del fallo. Esperamos que la resolución de la corte pueda ver la luz esta semana.
Pereira añadió que en lo que sí están abiertos es a “continuar con la negociación en orden a que se cumplan las prerrogativas que se indicaron en su oportunidad al momento de la constitución de la mesa y del protocolo; una garantía eficaz y eficiente, un mecanismo de financiamiento, y la venta en un solo acto del terreno; todas las cuales no han sido satisfechas ni propuestas de parte del Gobierno“.
Cabe agregar que respecto a la tasación del espacio en cuestión entregada por la Inmobiliaria San Antonio, “se hizo comercialmente de parte de los propietarios sólo con el afán de poder llegar a un acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo, pero en la medida en que se cumplan todas las condiciones propuestas en el protocolo”, cerró.