Tras más de un año de su desaparición, este lunes inició el juicio oral contra los 3 imputados por el secuestro y asesinato del colectivero, Juan González, en Valparaíso.
Este lunes inició el juicio oral contra los 3 imputados por el secuestro calificado del colectivero, Juan González, a quien se le perdió el rastro hace un año tras realizar un recorrido entre Viña del Mar y Valparaíso.
Según se estableció en la indagatoria, el hombre fue llevado contra su voluntad hasta una casa denominada como el “cautiverio” en el cerro de Playa Ancha, en la región de Valparaíso.
Los imputados son un adolescente de 17 años, de iniciales F.A.S.O, además de Óscar Cantillano López, conocido como “El cojo Daniel” y Daniel Silva Huerta, alías, “El Dani”.
Se espera que la instancia judicial dure al menos 15 días y contará con la declaración de 33 testigos, 22 peritos, además de presentar 76 documentos como medio de prueba y 8 especies.
El Ministerio Público formuló que los acusados asesinaron a la víctima y ocultaron su cadáver tras secuestrarlo.
Acreditar delito sin cuerpo
El magistrado Claudio Correa inició la lectura de los alegatos, relatando los hechos y las amenazas y agresiones que recibió la víctima antes de ser asesinada.
“Quienes utilizando violencia e intimidación, lo privaron de su libertad, exhibiendo un arma de fuego tipo fusil, y lo mantuvieron sentado en una mesa al interior de calle El Crisol, amenazando con matarlo y exigiéndole la entrega de claves bancarias, apuntándolo con el arma de fuego”, es parte de los alegatos que leyó.
La fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, indicó que el mayor desafío es acreditar el delito, sin tener conocimiento de dónde está el cuerpo de la víctima.
“Uno de los desafíos probatorio en este caso, consiste en poder acreditar un hecho sin tener en el fondo, una persona fallecida con el cuerpo de la víctima. Principalmente por la acción de las personas involucradas en este hecho, que han ocultado el cuerpo por un pacto de silencio que ellos han mantenido durante la investigación”, sostuvo.
Aseguró, además, que “se debe rendir una cantidad de pruebas importantes, principalmente pruebas científicas para poder acreditar los hechos y el presupuesto de la desaparición de don Juan González”.
Los imputados arriesgan penas de presidio perpetuo calificado, simple y 10 años de internación en régimen cerrado, respectivamente.
