El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la apelación que realizó el alcalde suspendido de la comuna de San Felipe, Patricio Freire, de contar sus tres meses de suspensión desde agosto de 2020.
Debido a lo anterior, se mantiene firme que el exlíder comunal estará alejado de sus funciones -al menos- hasta un día después de las elecciones del 11 de abril.
Esto ocurrió luego de que el fallo del 28 de diciembre quitara la figura de notable abandono de deberes de la destitución del alcalde suspendido.
Ante ello, lo que pidió Freire tras contar un fallo favorable que le permite ser candidato, es que la sanción definida -que además le reduce en un 50% su sueldo- corriera retroactivamente desde ese mes, permitiéndole reinstaurarse como alcalde cuando saliera este fallo.
Sin embargo, en un documento de una página el Tricel calificó la apelación como “no ha lugar”. El alcalde suspendido de San Felipe señaló que la sanción que lo destituyó inicialmente correspondió a un error administrativo.
Freire dijo que acatará la decisión, confirmando que seguirá en la papeleta para las elecciones del 11 de abril.
El alcalde suplente de San Felipe, Christian Beals, fue uno de los concejales que presentó la moción por notable abandono de deberes que fue ratificada en agosto y desechada en diciembre, apuntando que este era un fallo esperado.
En todo caso, acusó que el Tricel es un tribunal político administrativo, recordando que cuando se estimó que no hubo notable abandono de deberes en diciembre, hubo una moción para que ni siquiera fuera suspendido, añadiendo que Freire solo va a poder volver si sale reelecto.
Una de las razones principales por las que Freire fue destituido, tiene que ver con una votación realizada para destituir al administrador municipal, Patricio González, en la que el alcalde participó como voto en el Concejo Municipal, siendo acusado de que no debió participar de ese quorum.
Todo comenzó con el contrato que firmó Freire con la empresa de luminaria de Citeluz, que fue cuestionado en su legalidad e incluso anulado por la Contraloría General de la República, con acusaciones de que el acuerdo trajo endeudamiento al municipio.
