El Mapa del Abuso Sexual Eclesiástico, publicado por la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile contabiliza 22 casos de denuncias individuales y colectivas en la región de Valparaíso, concentrados en Valparaíso, Quilpué, Quillota y en la zona cordillerana de San Felipe y Los Andes.

Congregaciones diocesanas, salesianas y parroquias se reparten casos de abuso sexual que se remontan a la década de 1970, y finalizan con denuncias presentadas el 2018.

En la ciudad puerto hay 6 eclesiásticos denunciados, entre los que se cuenta el sobreseímiento del obispo Gonzalo Duarte, que fue denunciado por actos impropios y encubrimiento.

Otros siete casos aparecen en la provincia de Marga Marga, entre los que figura el expárroco de Quilpué, Humberto Henríquez. Los Hermanos Maristas de Quillota registran el caso del hermano de Luis Cornejo, que tiene ocho denuncias en su contra por abusos perpetrados en la década de 1990, que incluye abuso sexual a menores, violación de menor, promover o facilitar prostitución de menores y hasta asociación ilícita.

La Congregación Marista también tiene el caso del sacerdote Humberto Henríquez con cuatro denuncias en Los Andes, mientras que en San Felipe aparece el párroco diocesano Julio Inostroza, que fue suspendido por tres años el 2013.

El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile, y denunciante de la congregación de Hermanos Maristas, Jaime Concha, dijo que el mapa seguirá ampliándose, contando que ya han recibido 17 nuevas denuncias en un solo día a nivel nacional.

Concha dijo que el objetivo principal era ser rigurosos, para así establecer protocolos de acogida para filtrar y registrar la información de las más de 230 denuncias en todo Chile.

En t, Jaime reconoció que tuvieron que hacer un corte de actualización y se puede trabajar en algunos detalles. Por ejemplo, los períodos en que se denunciaron los casos omiten algunos elementos, y que esperan desde hoy seguir avanzando en una confección más real de la situación en la región y el país.

Argumenta que las redes de encubrimiento también fueron una dificultad para elaborar un documento que fuese fiel a lo que ha ocurrido al interior de la iglesia en los últimos 40 años, advirtiendo que la zona rural es un desafío para explorar en el país en la búsqueda de nuevas denuncias.