Las 4 asociaciones que representan a los trabajadores de planta y contrata al interior del municipio de Viña del Mar se refirieron a la eventual responsabilidad de estos estamentos en el millonario déficit al interior de la administración comunal, que ya supera los $20 mil millones.
Incluso, las organizaciones no descartaron estudiar recursos legales por las querellas por fraude al fisco que actualmente los mantendrían bajo investigación donde se indaga un cuestionado pago en horas extras al interior de la casa consistorial.
En un punto de prensa de casi 50 minutos declararon los funcionarios y contestaron las preguntas de los medios. Un ambiente tenso en donde las asociaciones descartaron ser las grandes responsables de la debacle económica de la administración comunal.
Guillermo Fernández, presidente de Afumuvi, una de las organizaciones, dijo que la alcaldesa Virginia Reginato, quien descartó su responsabilidad y habló de aprovechamiento por parte de los trabajadores que cobraban horas extras inexistentes, simplemente se equivocó.
Desde la alcaldía, el 3 de abril se anunciaron una serie de medidas para mejorar el control de la cantidad de horas trabajadas, donde se incluía la posibilidad de implementar un sistema de control biométrico con huella dactilar.
Este era prácticamente el mismo que en 2008 instaló la empresa NEK Security en todas las dependencias municipales tras ganarse una licitación de mas de $90 millones y que, por razones que nadie se explica hasta la actualidad, funcionó solo unos días y no se volvió a implementar, todo por la presunta intervención de los propios funcionarios.
El presidente de otra de las asociaciones de funcionarios, Adiproj, Marcelo Quezada, fue mas allá y afirmó que incluso los trabajadores estudian acciones legales por difamación, tanto por las querellas presentadas por parlamentarios y agrupaciones ciudadanas por fraude al fisco contra quienes resulten responsables al interior del municipio, como también por lo aparecido en distintos medios de prensa.
Pero Quezada también respondió a otra de las inquietudes que se ha abierto durante el último tiempo que es, la situación de los casi 1.200 trabajadores a honorarios al interior del municipio y donde se señala, que la falta de control estaría a la orden del día.
Pese a que el único estamento que no participo de esta declaración conjunta fueron precisamente, los trabajadores a boleta, Quezada, los defendió.
Existe tensión en la casa consistorial viñamarina, ya que con el paso de los días las causas del millonario déficit en sus arcas -que supera los $20 mil millones- parecen multiplicarse, y donde el pago irregular en horas extras a funcionarios de planta y contrata parece simplemente la punta de iceberg.
Lo anterior debido a que en la practica estos funcionarios constituyen solo el 50% de la dotación de los trabajadores de todo el municipio.
