En prisión preventiva quedó una segunda imputada por su presunta participación en una millonaria estafa que afectó a cerca de 200 personas que buscaban acceder a una vivienda social en Alto Hospicio, región de Tarapacá.
La mujer fue formalizada durante el miércoles por la Fiscalía de Iquique por los delitos de estafas reiteradas y uso malicioso de instrumento público. El tribunal decretó la medida cautelar por un plazo de 120 días.
La investigación es liderada por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Iquique, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), y apunta a una agrupación integrada por mujeres chilenas que habría defraudado a sus víctimas en cerca de $400 millones.
Según explicó el fiscal Juan Zepeda, la imputada cumplía funciones de apoyo para la líder de la organización, quien fue detenida a comienzos de agosto en Puerto Varas y permanece en prisión preventiva.
Estafas en comités de vivienda
En concreto, la segunda detenida se habría encargado de captar víctimas, recibir documentación, participar en reuniones y administrar grupos de WhatsApp creados para mantener supuestamente informados a quienes integraban los falsos comités de vivienda.
“Desde el año 2023 hasta mayo de 2026, las imputadas engañaron a cerca de 200 personas a quienes les ofrecían incorporarse a supuestos comités de vivienda para acceder a departamentos sociales vinculados a proyectos habitacionales existentes en Alto Hospicio”, explicó el persecutor.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, las viviendas ofrecidas ya se encontraban asignadas o incluso habían sido entregadas.
Las víctimas, tanto chilenas como extranjeras, se encontraban en situación de necesidad habitacional y habrían participado en reuniones presenciales con las imputadas en una oficina ubicada en el sector céntrico de Iquique.
En ese contexto, realizaron pagos que fluctuaban entre $500 mil y $11 millones. El dinero era solicitado bajo conceptos como cuotas de incorporación, reserva de cupos, gastos administrativos y supuestos trámites relacionados con la obtención de las viviendas.
De esta forma, la Fiscalía estima que la defraudación total alcanzaría cerca de $400 millones.
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