El subprefecto fronterizo de Tarapacá fue formalizado por la Fiscalía Local de Iquique por el delito de fraude de subvenciones, luego de que presentara documentación falsa para intentar acceder a un beneficio fiscal asociado a un cambio de guarnición.
Según expuso el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, los hechos ocurrieron luego de que Rodrigo Hidalgo fuera trasladado desde Iquique hasta Huara, donde asumió funciones como encargado de la Subprefectura Fronteriza.
En ese contexto, el funcionario presentó una solicitud ante la Subprefectura Administrativa de Carabineros para obtener el beneficio económico por cambio de guarnición, cuyo monto ascendía a $5.417.024.
Para respaldar la petición, adjuntó un certificado de residencia que acreditaba un supuesto domicilio en Pozo Almonte.
Era trasladado diariamente desde Iquique
Sin embargo, las diligencias desarrolladas durante la investigación permitieron establecer que el documento era ideológicamente falso, debido a que el carabinero nunca habría residido en el domicilio consignado y continuaba viviendo en Iquique.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Pablo Medina, de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Local de Iquique, en conjunto con la Sección de Asuntos Internos (Saicar) de Carabineros.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el funcionario era recogido diariamente desde su domicilio en Iquique a bordo de un vehículo policial destinado a servicios fronterizos.
Quedo con arraigo
Posteriormente, era trasladado hasta Huara, donde cumplía sus funciones, para luego retornar a Iquique al finalizar su jornada laboral.
La solicitud del beneficio alcanzó a ser tramitada e incluso se emitió la correspondiente orden de pago. No obstante, el dinero finalmente no fue entregado, debido a que las irregularidades detectadas en la documentación permitieron detener el proceso antes del desembolso de los recursos fiscales.
Tras su formalización este lunes, el funcionario quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional. El tribunal, además, estableció un plazo de 90 días para la investigación.