En prisión preventiva quedaron cuatro sujetos que fueron detenidos y formalizados por el delito de secuestro extorsivo, hecho vinculado con tráfico ilícito de drogas en Coihueco, región del Ñuble.
Se trató de una investigación de la Fiscalía de Chillán y de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI).
La fiscal (s) Valentina Hormazábal González precisó que se trata de Avelino Jiménez Lillo, Sandra Villagra Hernández, Mario Navarrete Acuña y Cristian Navarrete Villagra, quienes, junto a otros dos sujetos no identificados, mantuvieron retenido en una vivienda, entre el 12 de julio y el 30 del mismo mes, a un hombre, quien reside en Santiago.
La persecutora explicó que los imputados obligaron a la víctima a empaquetar y vender droga, bajo la amenaza de que si se arrancaba o regresaba a la capital le buscarían y también que su familia pagaría las consecuencias; “todo por deudas de droga que la víctima mantenía con los imputados”.
Agregó que durante este período, los detenidos comenzaron a llamar a familiares y a la expareja de la víctima. “Les enviaron mensajes de texto y de audios, solicitando dinero a cambio de su liberación, y les otorgaban plazo para efectuar los depósitos o, de lo contrario, atentarían contra su integridad”, precisó la fiscal (s) Hormazábal.
Secuestro extorsivo vinculado a drogas en Coihueco
La investigación permitió identificar el inmueble, en la villa Valle Nevado, donde el hombre se encontraba secuestrado.
El jefe de Briant de Chillán, subprefecto Jonathan Silva Concha, señaló que “en virtud de la orden de investigar, como PDI nos desplegamos, conjuntamente con otras unidades especializadas, para ubicar, prontamente, a la víctima y verificar su estado de salud. De esta forma, recurriendo a las distintas fuentes de información, se pudo establecer dónde se encontraba el afectado”.
Al momento de la detención de los imputados, estos habían logrado que la familia de la víctima depositara 1 millón 333 mil pesos.
La Fiscalía expuso en la audiencia de formalización que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva.
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