La Fiscalía está pidiendo penas de 3 hasta 10 años por delitos cometidos por exfuncionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo, incluyendo al alcalde Felipe Aylwin. Según el persecutor, Álvaro Serrano, las defraudaciones habrían ocurrido antes de las elecciones.
Por delitos de fraude a subvenciones, fraude al fisco y falsificación de instrumento público (en varios casos con carácter de reiterado), el Ministerio Público exigió sentenciar a 10 exfuncionarios municipales en la región de Ñuble.
Relaciones internacionales
Los imputados están agrupados en dos grupos: el primero está conformado por el alcalde, Felipe Aylwin, el administrador municipal, Ulises Aedo, y finalmente Lya González, contratada por ambos para hacerse cargo de una oficina de relaciones internacionales en 2013.
Según el fiscal, Lya González trabajaba paralelamente en la Fundación Dialoga, en Santiago (vinculada a la expresidenta Bachelet) y acudía cada cierto tiempo al municipio sólo a cobrar un sueldo de $700.000, pero sin cumplir labor alguna. Es más: Serrano asegura que dicha oficina nunca funcionó.
Con esto, se determina en la acusación que Aylwin y Aedo serían autores del delito consumado de fraude al Fisco, por más de $4 millones pagados a González entre marzo y agosto de ese año. A esta última se le confiere el delito de fraude de subvenciones.
Viajes inexistentes
El segundo grupo de imputados contempla a la empresaria de buses Silvana Ríos, al exjefe de la Dideco, Jorge León, a la exencargada de control interno María Garrido, a la exjefa de la DAF, Paola Araya, al exsecretario municipal, Francisco Fuenzalida y nuevamente a Ulises Aedo.
Esto, por las maniobras para egresar fondos por pago de supuestos servicios prestados por la empresa “Silvana Ríos Steckler Trasportes E.I.R.L.”, en que habrían participado los ya mencionados.
Es decir, se habrían emitido órdenes de compra por viajes inexistentes desde el municipio, junto con facturas desde la empresa y giro de cheques. Incluso, para justificar estos pagos, se habrían falsificado cartas de organizaciones sociales solicitando estos traslados o pagando dos veces un viaje ya realizado.
Así, se imputan a los funcionarios los delitos consumados de fraude al fisco y falsificación del instrumento público; mientras que a la empresa de Ríos, los delitos consumados de fraude de subvenciones y falsificación del instrumento público.
Los otros dos grupos repiten a varios de estos actores y los mismos delitos, en otros hechos, que el persecutor ubicó temporalmente previo a elecciones.
Para dimensionar la gravedad, todos los imputados suman 133 años y 17 días de penas en total, solicitadas por la Fiscalía. El administrador municipal, Ulises Aedo, arriesga hasta 25 años y tres días, por verse involucrado en la mayoría de los casos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió la reapertura de la causa, estimando que hay diligencias que -a su juicio- se encuentran pendientes, lo que debiera discutirse antes de continuar.
Si el Tribunal no accede a la reapertura, la audiencia de preparación se cumpliría en la fecha fijada para este 27 de noviembre.
