A través de una declaración pública, el Obispado de Chillán confirmó que concluyó la investigación preliminar en contra del sacerdote Héctor Bravo Merino, quien fue denunciado por presunto abuso sexual a un menor.
Dicho informe, de acuerdo a lo expresado desde la Diócesis San Bartolomé de Chillán, apunta que “no es posible llegar a la certeza moral acerca de la verosimilitud de los hechos denunciados”.
Siguiendo en esa línea, la misiva apunta que de acuerdo a las normas que rigen los actuales protocolos de la Iglesia, las actas (de la investigación) “serán remitidas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, para que ésta pueda disponer”.
En lo que respecta a las determiniaciones que tomará la Congregación para la Doctrina de la Fe, sumado a los posibles antecedentes que saldrían de las indagaciones de la Fiscalía local, se definió que Bravo Merino queda “suspendido de su oficio pastoral de Capellán del Colegio Seminario Padre Hurtado y del oficio de Presidente del Área Social del Obispado de Chillán”.
Además, se le impuso la “fijación de residencia en la Diócesis, con la prohibición de salir de ella sin autorización”.
Finalmente, su ejercicio sacerdotal quedará circunscrito únicamente a los oficios que ya tenía “como párroco de San Pablo y de administrador parroquial de San Francisco”, mientras que su desempeño será “supervisado por el Vicario General, Presbitero. Pedro Rodríguez”.
