El dueño de una carnicería ubicada en Punta Arenas, región de Magallanes, eludió casi 120 millones de pesos en impuesto, a quien se le impuso el pago de una multa cercana a los 12 millones de pesos, es decir, un 10% del monto total.
El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas sentenció al dueño de una carnicería que eludió casi 120 millones de pesos en materia de impuestos.
En ese sentido, se le impuso el pago de una multa de casi 12 millones de pesos, correspondiente al 10% de los montos en perjuicio del Fisco.
El acusado, Osvaldo Riquelme Vargas, fue hallado culpable de declaración maliciosa de impuestos. De acuerdo a los hechos que dio por acreditado el tribunal, presentó 21 periodos mensuales liquidando impuestos menores a los que les correspondía al subdeclarar el IVA débito fiscal.
Para ello, el condenado adulteró las boletas de ventas y servicios que emitía a sus clientes, a quienes les extendía una copia con el monto real de la transacción, pero consignaba precios inferiores en sus declaraciones al Servicio de Impuestos Internos (SII).
De este modo, el acusado liquidó impuestos menores de los que le correspondía pagar, perjudicando al Fisco en casi 49 millones de pesos.
Otro mecanismo del comerciante era presentar declaraciones de impuestos anuales a la renta falsas o incompletas. Según la acusación, disminuyó su base imponible de impuestos en primera categoría, perjudicando al fisco por 72 millones de pesos en los años tributarios 2015 y 2016.
El juicio
Los jueces dieron por acreditado el delito tras escuchar la declaración de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y analizar abundante evidencia contable, entre otros medios de prueba.
Como sanción, el condenado tendrá que pagar casi 12 millones de pesos, mientras que si no tuviera los bienes para cancelar la cifra, la multa se sustituye por la prestación de servicios comunitarios.
Además, los jueces le impusieron la pena mínima que corresponde a la declaración maliciosa de impuestos: 541 días de cárcel.
Eso sí, los días privativos de libertad se sustituyeron por la sujeción al control del Centro de Reinserción Social de Gendarmería, a través de la firma mensual.
Finalmente, las partes tienen un plazo de 10 días para apelar a los tribunales superiores de justicia.
