VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría detectó irregularidades en la compra de un terreno de 5.911 m² realizada por la Municipalidad de Lago Ranco en 2025 por $567 millones, equivalente a 16,9 veces su avalúo fiscal. El municipio no justificó las diferencias entre tasaciones, la necesidad de adquirir el inmueble ni el uso del trato directo, y tampoco consideró restricciones urbanísticas. La CGR ordenó un sumario y remitió los antecedentes a la Fiscalía.

Tras una denuncia ciudadana, la Contraloría Regional de Los Ríos constató diversas irregularidades en la adquisición de un terreno que realizó la Municipalidad de Lago Ranco, por el cual pagó casi 17 veces más del avalúo fiscal de la propiedad.

Esto se estableció tras una fiscalización cuyos resultados quedaron plasmados en el Informe Final de Investigación Especial N° 245 de 2026.

De acuerdo con lo reportado, el municipio adquirió en 2025 un terreno de 5.911 m2 por un total de $567.077.049, precio que fue determinado mediante el promedio de 3 tasaciones comerciales.

Sin embargo, el servicio no acreditó un análisis de las significativas diferencias existentes entre los valores de dichas tasaciones, pagando $424.177.357 más que el valor determinado en la tasación más baja y 16,9 veces el avalúo fiscal de la propiedad.

Municipio no logró comprobar fundamentos para adquirir terreno

También, se constató que en el contrato no se consideraron las restricciones normativas y urbanísticas que afectan al inmueble adquirido, aspecto relevante para determinar la procedencia y conveniencia de la compra.

Asimismo, el municipio no logró comprobar los fundamentos por los que se autorizó la adquisición del terreno, careciendo de precisión y antecedentes que respalden la necesidad de la compra. Tampoco se justificó la decisión de recurrir a la modalidad de trato directo para la materialización de dicha contratación.

Por lo anterior, la CGR instruyó un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su acción u omisión permitieron la ocurrencia de los hechos descritos y remitió el informe a la Fiscalía Regional del Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes.