Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El colegio Windsor School de Valdivia fue condenado a pagar más de 48 millones de pesos a un exprofesor despedido a fines del 2024. La sentencia del Juzgado del Trabajo de Valdivia establece que la Cooperativa de Servicios Educacionales Windsor School deberá indemnizar al docente por vulnerar su derecho a la honra y garantía de indemnidad. El colegio argumentó que el despido era necesario para modernizarse y enfrentar desafíos económicos, mencionando que el profesor había afectado la integridad de los estudiantes. La jueza determinó que la causal de "necesidades de la empresa" fue injustificada y ordenó una capacitación sobre derechos fundamentales para el personal.
La justicia condenó al colegio Windsor School de Valdivia a pagar más de 48 millones de pesos a un exprofesor que fue despedido a fines del 2024.
En la sentencia que fue recientemente dictada por el Juzgado del Trabajo de Valdivia, se menciona que la Cooperativa de Servicios Educacionales Windsor School deberá pagar 27 millones 900 mil pesos como indemnización especial de tutela laboral, 10 millones por daño moral, otros 10 millones como recargo legal sobre la indemnización por años de servicio, más reajustes e intereses.
Lo anterior, luego que el tribunal acogiera una denuncia presentada por el profesor de matemáticas Francisco Navia Toledo en contra de su exempleador, constatando que el colegio vulneró el derecho a la honra y la garantía de indemnidad del docente.
Ante el Tribunal, el colegio sostuvo que el despido era necesario para modernizar el establecimiento y enfrentar los desafíos económicos actuales y futuros.
Además, como argumento específico para justificar por qué se desvinculó a Francisco Navia y no a otro profesor en su misma posición, el colegio afirmó que el docente había afectado la integridad física y emocional de sus estudiantes.
Específicamente, se hizo referencia a denuncias de alumnos del curso Octavo Básico B por acciones calificadas como maltrato escolar. Además, la existencia de denuncias formales ante la Fiscalía y la Superintendencia de Educación interpuestas por un apoderado.
Por su parte, el profesor denunció que su despido fue una represalia por acciones judiciales previas y que la carta de despido incluyó acusaciones en su contra, que no estaban comprobadas, lo que dañó su reputación y honra.
Según el abogado Simón Díaz, luego de analizar los antecedentes, el Ministerio Público decidió no continuar con la indagación de dichas denuncias.
Luego de escuchar a ambas partes, la jueza Alodia Prieto Góngora determinó que la causal de “necesidades de la empresa” fue injustificada, pues se utilizó de forma arbitraria para sancionar conductas subjetivas sin investigación previa.
Además, como medida para reparar las consecuencias de la vulneración, el tribunal ordenó la realización de una capacitación de al menos 4 horas sobre derechos fundamentales para el personal del colegio, a la que deben asistir obligatoriamente los miembros del consejo de administración, el director, el gerente y al menos el 50% de los trabajadores.
Debemos precisar que esta es una sentencia de primera instancia y el equipo jurídico del Windsor School aún está a tiempo para acudir a la Corte de Apelaciones, si es que quisieran intentar dejar sin efecto esta condena, e incluso, los alegatos podrían escalar hasta la Corte Suprema.
Radio Bío Bío fue hasta el colegio Windsor School para sostener una entrevista con algún representante del establecimiento. Sin embargo, prefirieron enviar una pequeña declaración pública donde mencionan que serán las instancias judiciales correspondientes las que resuelvan definitivamente el asunto, mediante los recursos que procedan.
Asegurando que como institución respetarán y acatarán las resoluciones que emanen de los tribunales competentes una vez que estas se encuentren firmes y ejecutoriadas.
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