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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos investiga presunta vulneración de derechos en la escuela Ann Sullivan de Valdivia, tras un incendio que la obligó a funcionar en dos salas de manera provisional por tres años. La comunidad educativa de este establecimiento para personas con discapacidad visual continúa en esta situación, lo que podría implicar una violación al derecho a la educación e inclusión.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investiga una eventual vulneración de derechos en la escuela Ann Sullivan de Valdivia. La comunidad del recinto lleva tres años funcionando en dos salas tras un incendio que afectó sus dependencias.

El 21 de marzo de 2023, Valdivia despertó con las sirenas de bomberos. El incendio afectaba dependencias de la escuela Ann Sullivan, establecimiento para estudiantes con discapacidad visual y único en su tipo desde Concepción al sur.

El siniestro provocó daños en parte del recinto e impidió retomar allí las clases con normalidad. Desde entonces, la comunidad educativa fue trasladada de manera provisoria a la escuela Walter Schmidt, donde se facilitaron dos salas mientras se suponía que las autoridades buscarían una solución definitiva.

Al cumplirse tres años del incendio, la situación sigue prácticamente igual. Estudiantes y funcionarios continúan desarrollando sus actividades en esas mismas dos salas, que incluso debieron subdividirse para adaptarse al espacio disponible.

Consultada por Radio Bío Bío, la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, señaló que no conocían formalmente el caso, pero luego de enterarse por La Radio, comenzaron a recabar los primeros antecedentes, iniciando un levantamiento preliminar, solicitando información oficial y constatando en terreno las condiciones en que hoy funciona la escuela.

No obstante, advirtió que preliminarmente podría existir una vulneración al derecho a la educación, a la inclusión y a los ajustes razonables que requieren estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales.

El caso adquiere mayor relevancia porque Chile ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y este año debe informar avances en la materia ante organismos internacionales.

Montt advirtió que situaciones como la que enfrenta la comunidad educativa de la escuela Ann Sullivan pueden transformarse en ejemplos concretos de cómo las normas y compromisos asumidos por el Estado no siempre se traducen en una inclusión efectiva.

La representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Los Ríos subrayó que la inclusión no solo involucra a las personas con discapacidad, sino que también a la sociedad en su conjunto. Por eso, advirtió que mantener este tipo de situaciones termina afectando no solo a una comunidad educativa especialmente vulnerable, sino también el desarrollo colectivo y la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales.