De acuerdo a la Real Academia de la Lengua (RAE) la palabra correcta en español es "okupa" y se refiere a las personas o al movimiento que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados.
Desde las áreas de seguridad pública y la implementación de programas sociales destinados a personas en condición de vulnerabilidad, aseguró el Gobierno que aborda la presencia de los denominados “okupas” en Valdivia, región de Los Ríos.
Su presencia se ha hecho constante durante los últimos meses, principalmente en el centro y las cercanías de la plazuela Simón Bolivar.
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua (RAE) la palabra correcta en español es “okupa” y se refiere a las personas o al movimiento que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados.
¿Qué hace el Estado para abordar el problema de los okupas?
En Valdivia se les ve tomando alcohol, solicitando dinero, acompañados de perros o asediando a los conductores por una moneda a cambio de limpiar los parabrisas.
Días atrás, funcionarios de Carabineros y de seguridad ciudadana concretaron un desalojo de 32 personas desde un inmueble frente a la plazuela Simón Bolivar, donde pernoctaban los denominados okupas.
Pero más allá de esta acción, ¿Cómo aborda el Estado, a través de sus instituciones, la presencia de esos grupos de personas para que dejen la calle y accedan a la reinserción social?
Radio Bio Bio hizo esta pregunta al delegado presidencial Jorge Alvial, argumentando que, por un lado, está la labor policial y de seguridad pública y por otro, se encuentran los planes y programas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social.
No existe herramienta alguna
En específico, el secretario regional ministerial (Seremi) de Desarrollo Social, Roberto Giubergia manifestó que está disponible el plan calle y una residencia para las personas en esta condición, sin embargo, hizo el punto en un aspecto clave. Son instancias voluntarias.
Es decir, todo queda supeditado a la disposición y voluntad de los denominados okupas. No existe alguna herramienta que permita su salida de las calles de forma impositiva, salvo que se acredite la comisión de un delito y deban enfrentar a la justicia por ello.
Tras el desalojo ocurrido en el inmueble frente a la plazuela Simón Bolivar, la mayoría de los transeúntes consultados por La Radio aplaudieron la medida, pero el problema de fondo sigue latente y aunque sean grupos de personas que puedan ser invisibilizadas por la sociedad, son parte de esta y, por lo tanto, requieren ser abordadas.
