El funcionario fue reformalizado por fraude al fisco, en una causa donde se le acusa de haberse aumentado su sueldo durante 8 años, asignándose indebidamente cerca de 17 millones de pesos por planilla suplementaria, más de 6 millones de pesos por concepto de responsabilidad administrativa.
El jefe de finanzas del Departamento de Salud Municipal (Desam) de Mariquina imputado por fraude al fisco, fue formalizado y quedó con firma bimensual.
Cabe recordar que la Fiscalía precisó los hechos indicando que obtuvo asignaciones indebidas por un monto cercano a los 17 millones de pesos.
Ese es el motivo por el cual el Ministerio Público solicitó formalizar nuevamente a Octavio Carvallo Lancapichún, encargado de administrar las finanzas de la citada repartición al modificarse su contrato para percibir una mayor remuneración.
En la audiencia, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, se detallaron los hechos por los que es investigado el funcionario municipal.
De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, Carvallo Lancapichún se aumentó su sueldo asignándose indebidamente cerca de 17 millones de pesos por planilla suplementaria.
A esto se sumó más de 6 millones de pesos por concepto de responsabilidad administrativa. Todo esto, entre agosto de 2010 y diciembre de 2018.
Así lo indicó la fiscal subrogante de Mariquina, Carmen Gómez, agregando que el trabajador no cumplía con los requisitos para incrementar su remuneración.
Antecedentes por los cuales fue formalizado el pasado 28 de febrero, quedando con la medida cautelar de firma bimensual ante Carabineros de la Subcomisaría de Mariquina.
El alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, previamente se refirió a esta investigación que apunta al funcionario municipal, afirmando que lo destituiría solo si la justicia aplica medidas.
Un caso que generó intercambio de declaraciones entre el jefe comunal y concejales, puesto que algunos ediles apuntaban a un “abandono de deberes” al no desvincular al jefe de finanzas del Desam, mientras que desde el municipio acusaron mediante un comunicado un “aprovechamiento político” a raíz de esta situación.
Así las cosas, se mantuvo la medida cautelar de firma bimensual ante Carabineros, todo mientras ya está en curso los 90 días que el Juzgado de Garantía fijó para las diligencias de investigación.
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