El hombre que fue acusado de una presunta estafa a exmiembros de un comité de vivienda de Mariquina descartó haberse quedado con el dinero de ellos y confirmó que esta semana se presentará a la justicia.

Con Radio Bío Bío se contactó el hombre por el cual 41 vecinos de Mariquina presentaron una denuncia por la presunta estafa que éste les habría hecho al constituir el Comité de Vivienda Rigoberto Lienlaf, cobrándoles cuotas de inscripción y mensualidades.

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Según el imputado y con documento del Registro Civil como respaldo, dicho comité -del cual fue su presidente- se constituyó legalmente el 8 de agosto de 2017. El acusado indicó que en acuerdo con la asamblea, se definió que habría una cuota de inscripción, pero no mensualidades como indicaban algunos denunciantes.

El hombre agregó que 130 personas que llegaron a conformar dicho comité, pero no a todas se les logró cobrar dicho monto. Dependiendo de la situación socioeconómica se cobraban 7 mil o 15 mil pesos.

Asimismo, mostrando comprobantes de depósitos, indicó que a unas 40 personas que integraban el Comité se les devolvió su dinero luego que lo solicitaran.

El miércoles 11 de julio, la Fiscalía esperaba formalizarlo por el delito de estafa, sin embargo, el hombre no llegó al Juzgado de Garantía de Mariquina.

Él señaló que no asistió porque no fue notificado, aún así dijo que se presentará esta semana ante la justicia para enfrentar su situación.

El hombre investigado por el Ministerio Público, cree que los cuestionamientos comenzaron porque las personas pensaban que el proceso avanzaría rápido. Además él se había desentendido de su labor como presidente del Comité, ya que se encontraba en campaña para la elección de Consejeros Regionales.

Incluso, afirma que existieron amenazas de muerte en su contra y ataques a la vivienda donde vivía anteriormente en Mariquina, hechos que fueron denunciados.

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Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)