El Gobierno pidió a la Corte Suprema que el caso que condenó al comunero Facundo Jones Huala, por el ataque incendiario al Fundo Pisu Pisué, sea remitido a la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Lo anterior, tras realizar distintas observaciones al recurso de nulidad que interpuso la defensa en el máximo tribunal del país.
La Gobernación del Ranco es querellante en el caso y realizó una presentación a la Suprema, ante la petición de la defensa del comunero, que alega una vulneración de garantías fundamentales, pidiendo la nulidad del juicio.
Para la representación jurídica del Gobierno, la causal invocada no se enmarca en una vulneración de garantías constitucionales, sino que de las reglas de la lógica y principios que así la determinan.
La encargada del departamento Jurídico y Extranjería de la Intendencia, Daniela Krauss, indicó que incluso la Corte de Apelaciones de Valdivia ya se había pronunciado por este tema.
La defensa de Jones Huala asegura que la Fiscalía había pedido por correo electrónico el 16 de mayo de 2013, a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, antecedentes para la persecusión penal en contra de su defendido.
A juicio de esta parte, se trataría de información restringida que sólo podría haber accedido a través de filtraciones, por tanto, ilegal.
Al respecto, el fiscal regional Juan Agustín Meléndez, indicó que el caso ya superó los controles jurisdiccionales tras la exclusión de pruebas en el Juzgado de Garantía de Valdivia. Ello, luego de que la Corte devolvió prueba al Tribunal que, en el juicio, no valoró una parte.
El Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en representación de las víctimas del ataque, también se hizo parte.
Pidió la remisión del recurso a la Corte de Apelaciones de Valdivia a fin de que, si lo estima admisible, entre a conocerlo y fallarlo.
