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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Sergio Malale Roca, ciudadano boliviano detenido en Puerto Montt con más de 250 gramos de marihuana cerca de la Universidad San Sebastián, incumple desde mayo la medida cautelar de firma mensual impuesta por el Juzgado de Garantía. Entró a Chile desde Bolivia por Colchane y fue formalizado en mayo, pero no cumplió con las firmas. Se esperaba una salida alternativa en julio, pero ahora arriesga 400 días de presidio y multa. La defensa busca antecedentes de Bolivia. Carabineros informó el incumplimiento de las firmas. Diputado señala que Fiscalía debe informar al tribunal.

Sergio Malale Roca, ciudadano boliviano detenido en Puerto Montt tras ser sorprendido con más de 250 gramos de marihuana en las inmediaciones de la Universidad San Sebastián, no cumple desde mayo con la medida cautelar de firma mensual que le impuso el Juzgado de Garantía.

El hombre había ingresado a Chile apenas una semana antes de su detención, por el paso fronterizo de Colchane.

Los hechos se remontan al 29 de abril, cuando Malale Roca ingresó al país desde Bolivia. Siete días después, el 6 de mayo, llegó hasta la sede Patagonia de la Universidad San Sebastián, en Puerto Montt.

Cerca de las 19:00 horas fue fiscalizado por guardias del recinto. Se movilizaba en una motocicleta cuya patente no figura en registros abiertos y llevaba una mochila con poco más de 250 gramos de marihuana distribuidos en bolsas herméticas.

Al verse acorralado, el hombre escapó por una ladera del sector. Sin embargo, fue alcanzado posteriormente por Carabineros y quedó a disposición del Ministerio Público.

Firma mensual que nunca cumplió

Al día siguiente, el 7 de mayo, fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, en una audiencia que se extendió por apenas ocho minutos.

En aquella instancia, Malale Roca señaló como domicilio un inmueble ubicado en el pasaje 29 del sector Senda Sur. El tribunal decretó para él las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de salir del país.

La primera firma debía realizarla el 15 de mayo en la Segunda Comisaría de Puerto Montt. Sin embargo, no se presentó.

Dos días después, su abogado informó un cambio de domicilio a Iquique, por lo que también se modificó el lugar donde debía cumplir con la cautelar.

Así, el imputado concurrió el 20 de mayo a una unidad policial de Iquique, aunque aquella sería, según los antecedentes del proceso, la única vez que cumplió con la obligación de firma.

Fiscalía esperaba una salida alternativa

Casi dos meses después, el 17 de julio, Malale Roca compareció vía Zoom ante el tribunal puertomontino debido al vencimiento del plazo inicial de investigación.

En esa audiencia, el Ministerio Público evaluaba proponer una eventual salida alternativa. Finalmente, el plazo de investigación fue ampliado hasta octubre.

En ese contexto, se informó que el imputado arriesga una pena de 400 días de presidio y una multa de 5 UTM, situación que será abordada, de acuerdo con la programación vigente, en una audiencia fijada para el 26 de octubre.

Pero el problema con el cumplimiento de las cautelares ya había quedado instalado.

Tres días después de aquella audiencia, Carabineros informó al tribunal que desde el 20 de mayo no existían nuevas constancias de cumplimiento de la firma mensual. Dicha situación fue ratificada por última vez el pasado 5 de agosto.

Buscan antecedentes de Bolivia

Durante la audiencia de julio, la defensa planteó la necesidad de obtener un certificado de antecedentes de Bolivia para acreditar que el imputado no registra hechos en su hoja de vida en ese país.

Esto, pese a que existen antecedentes de otro episodio protagonizado por Malale Roca antes de su ingreso a Chile: de acuerdo con los antecedentes expuestos en la causa, fue descubierto cuando atravesaba desde Bolivia hacia Argentina con cocaína adosada a su cuerpo.

Consultado por la situación, el diputado de la zona e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Mauro González, sostuvo que corresponde al Ministerio Público informar al tribunal sobre el incumplimiento de las cautelares.

“Ese es un análisis que tiene que hacer el Ministerio Público al momento que formaliza al imputado y solicita las cautelares. Ahora, recordemos que la cautelar, al final, lo que la aprueban son los tribunales”, señaló.

En esa línea, agregó que el tribunal aprobó la firma mensual y que la Fiscalía debería informar que esta no se ha cumplido para evaluar una eventual intensificación de las medidas.

Por ahora, y de acuerdo con la información pública disponible de una causa que no tiene carácter reservado, el incumplimiento de la firma mensual deberá ser abordado formalmente en el marco del proceso, mientras se mantiene programada para octubre la próxima audiencia relevante de la causa.