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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Primer Juzgado de Letras de Osorno acogió parcialmente una demanda de comunidades de San Juan de la Costa contra Saesa y Luz Osorno por cortes de suministro eléctrico en 2022, imponiendo una multa de 1.500 UTM (104 millones de pesos) y compensaciones a afectados. Los cortes ocurrieron en abril y septiembre del año pasado, afectando a vecinos, electrodependientes y actividades locales. La sentencia estableció infracciones a la Ley de Protección de Consumidores y ordenó compensaciones según la normativa vigente. La defensa aportó antecedentes de la SEC y evaluaciones psicológicas. La resolución, que rechazó la demanda contra Inversiones Eléctricas del Sur S.A., puede ser apelada en 10 días hábiles.

El Primer Juzgado de Letras de Osorno acogió parcialmente una demanda colectiva presentada por comunidades de San Juan de la Costa y declaró la responsabilidad de Saesa y de Luz Osorno por reiteradas interrupciones del suministro eléctrico ocurridas en 2022, ordenando el pago de una multa de 1.500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) -más de 104 millones de pesos- y compensaciones a los consumidores afectados.

La sentencia del tribunal se refiere a extensos cortes registrados entre el 22 y el 26 de abril; así como entre el 16 y el 28 de septiembre de 2022, períodos en los que vecinos de distintos sectores de la comuna denunciaron interrupciones prolongadas del servicio eléctrico.

Aquellos incidentes afectaron a familias completas, personas electrodependientes y actividades productivas locales. El conflicto, según las comunidades, se arrastra desde hace más de tres años.

El tribunal estableció infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, determinando que ambas empresas deberán pagar la multa de forma proporcional al número de clientes que mantienen en la comuna. Además, ordenó que se compense, conforme a la normativa eléctrica vigente, a todos los consumidores que hayan sufrido cortes en esos períodos y que no hayan recibido indemnizaciones previas.

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El abogado Ricardo Figueroa, representante de más de 50 familias demandantes, explicó que la acción judicial buscaba tanto sancionar a las empresas como obtener reparación por los daños provocados.

Durante el proceso, la defensa de las comunidades incorporó más de 500 páginas de antecedentes provenientes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que darían cuenta de incumplimientos reiterados en la continuidad y calidad del servicio.

A ello se sumaron evaluaciones psicológicas para acreditar el daño moral sufrido por los usuarios, informes elaborados por profesionales facilitados por el municipio de San Juan de la Costa.

Figueroa destacó que, pese a tratarse de un fallo de primera instancia, la resolución constituye un precedente relevante en esta materia.

En el mismo fallo, el juzgado rechazó la demanda respecto de Inversiones Eléctricas del Sur S.A., al establecer que no corresponde atribuirle responsabilidad al no ser proveedora directa del servicio de distribución eléctrica.

Las empresas cuentan con 10 días hábiles desde la notificación para presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, instancia donde el caso ya había sido revisado anteriormente por cuestiones formales.

Desde Saesa señalaron que ya fueron notificados de la sentencia del Primer Juzgado de Letras de Osorno y que actualmente se encuentran analizando su contenido y evaluando los recursos legales que interpondrán.