Saffirio pide inhabilitar a fiscal Garrido y que otra Fiscalía investigue convenios de La Araucanía

Inhabilitar al fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, y el cambio de Fiscalía Regional para investigar las millonarias transferencias del Caso Convenios; eso es lo que pide el gobernador, René Saffirio.

Se trata de una petición que la autoridad concretó a través de un oficio que envió al fiscal nacional, Ángel Valencia, planteando en un documento de 8 páginas, su preocupación por el lento avance de las indagaciones y una eventual falta al principio de objetividad.

Algo que se conoce luego de la crítica que el gobernador lanzó en contra de Garridel persecutor sea un “empleado” de la Universidad Autónoma mientras se realizan investigaciones en contra de la casa de estudios.

Una situación que terminó con declaraciones cruzadas, ya que el fiscal regional se defendió de las duras palabras del exmilitante de la Democracia Cristiana, aseverando que en esa causa hay personas formalizadas.

En la carta que la autoridad envió al fiscal nacional, explica que el Gobierno Regional de La Araucanía ostenta la “calidad de víctima”, ya que se habrían cometido delitos con recursos fiscales que fueron destinados para el desarrollo de la región.

El gobernador le recuerda a Valencia que, a la fecha, “ni si quiera se ha llevado a cabo la audiencia de preparación de juicio oral” en uno de los casos más conocidos y que se denominó como la arista Manicure.

Saffirio intenta que el fiscal nacional comprenda la gravedad de la situación, explicándole que los recursos involucrados en el Caso Convenios corresponden a cerca del 30% de los dineros destinados al presupuesto anual de La Araucanía en el año 2022. Algo que ocurrió bajo la administración del exgobernador de la derecha, Luciano Rivas.

Cuestionamiento a fiscal Roberto Garrido

El uso de más de $20 mil millones traspasados a través de convenios a la Universidad Autónoma de Temuco, son los que pide investigar con celeridad y objetividad el gobernador de La Araucanía.

Se trata de una arista que preocupa a la autoridad, debido a la vinculación del fiscal regional, Roberto Garrido, con la casa de estudios. La autoridad reconoce que la indagación es llevada por el persecutor, Raúl Espinoza Pinto, de la Fiscalía de Alta Complejidad en la zona.

Sin embargo, señala que Garrido es el superior jerárquico del Ministerio Público en La Araucanía desde 2021 y que durante todo este tiempo, ha ejercido como profesor de la Universidad Autónoma; también su esposa, la magistrado Tania Zurita Riquelme.

“Durante todos los años que ha ostentado el cargo de Fiscal Regional, ha también ejercido como profesor en la Universidad Autónoma, impartiendo cursos de pre y post grado, situación que se encuadra estrictamente en la causal descrita en el artículo 55 N°15 de la ley 19.640, esto es, mantener una relación laboral con un interviniente. Así las cosas, don Roberto Garrido fue congratulado por la casa de estudios al asumir su cargo y de su declaración de intereses y patrimonio se encuentra que ejerce como profesor universitario para la Universidad Autónoma. 2 Sumado a que su cónyuge, la magistrada Tania Zurita Riquelme, es igualmente docente en la Universidad Autónoma lo que deja de manifiesto aún más el potencial conflicto de interés para conocer y dirigir las investigaciones vinculadas a la casa de estudios”.

Es por eso que Saffirio le pide a Valencia que inhabilite al fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, con la finalidad de “mantener el principio de objetividad que debe regir toda investigación penal y para evitar cualquier conflicto de interés”. No sólo eso, porque también solicita que la causa se reasigne a otra Fiscalía Regional.

La autoridad revela que en 2023 el Gobierno Regional de La Araucanía firmó un convenio con la Universidad Autónoma para un programa de reactivación económica, transfiriendo más de 22 mil millones de pesos para un total de 12 iniciativas.

Más de $4 mil millones para fundaciones

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, continuó con su relato para contarle al fiscal nacional que se necesita a un “fiscal regional de una región diversa, debido a la complejidad de la causa”.

Se trata de una investigación poco conocida y que involucra programas ejecutados por la Fundación Instituto Vladimir Nazor y la Fundación Instituto Hernando de Magallanes el año 2022, tras firmar convenios con el Gobierno Regional por un monto de “a lo menos 4.000.000.000”.

Una indagación que, además, comenzó por una presentación que realizó la diputada del Frente Amplio del distrito 23, Ericka Ñanco, el 11 de julio del 2023.

“Todo inicia por una presentación de la diputada Éricka Nanco de fecha 11 de julio de 2023 del siguiente tenor ‘Gobierno Regional de la Araucanía efectúa traspaso de fondos a la fundación Instituto Vladimir Nazor con fecha 03 de octubre de 2022 por 419 millones y un mes antes efectúa un traspaso de fondos por 800 millones a la Fundación Instituto Hernando de Magallanes, integrando el directorio de ambas fundaciones las mismas personas, manteniendo el mismo domicilio y pagina web. Existe una tercera figura jurídica, la cual es una empresa Llamada Instituto Vladimir Nazor, la que está controlada por los miembros de la misma fundación’”.

El gobernador le dice a Valencia que a su parecer esta investigación “ha carecido de la celeridad y atención que requiere dado el gran monto de dinero fiscal involucrado y los múltiples actores que se encontrarían participando de un verdadero sistema creado para defraudar al Fisco”.

Luego de describir una serie de diligencias de las que no conoce mayores avances, el exmilitante de la DC agrega que hay otra causa vinculada: Fundación Alihuén.

Agrega que la declaración de la imputada Patricia Camelio Nazor hace referencia a Jocelyn Gajardo, quien trabajó para la Fundación Vladimir Nazor y en paralelo en Alihuén.

“Indicando por la imputada que su contratación fue promovida por el secretario de Ejecutivo de la AMCA, Cristian Salas Sanhueza”.

El gobernador agrega una serie de antecedentes que dan cuenta de lo complejo de la causa.

“Asimismo, en su declaración hace alusión expresa a que trabajó con la empresa Comercial Chile SPA, para la ejecución del programa, por recomendación del señor Salas, misma empresa de la cual Jocelyn Gajardo figura como gerente general y que durante el 2023 prestó servicios como coordinadora técnica y financiera de uno de los programas ejecutados por Fundación Alihuen; la empresa en cuestión fue de propiedad del hermano de Cristian Salas, Juan Carlos Salas Sanhueza”.

Saffirio asegura que desde la declaración de la imputada, no hay ninguna citación para conocer la versión de los hermanos, a pesar de haber sido sindicados directamente por la imputada Camelio.

Traspasos a las policías

Otra de las preocupaciones que plantea el gobernador de La Araucanía tiene relación con 4 convenios: dos con Carabineros y 2 con la Policía de Investigaciones (PDI), indicando que se destinaron recursos para adquirir y renovar equipos computaciones y nuevos vehículos con un gasto superior a los 3 mil 800 millones de pesos.

A su juicio “contrasta con el nulo gasto que se realizó en esos mismos ítems, desde el año 2015 hasta la llegada del Gobernador Rivas. Si bien esta circunstancia no debiera constituir impedimento alguno para el adecuado desarrollo de las funciones policiales, genera legítima inquietud la marcada lentitud que ha experimentado la investigación, especialmente considerando los elevados montos involucrados en los presuntos fraudes”.

Con todo, el gobernador de La Araucanía pide al fiscal nacional, Ángel Valencia, que “para garantizar el principio de objetividad y evitar cualquier apariencia de conflicto de interés que pudiese afectar la validez de los actos procesales, solicito se reasignen a otra Fiscalía Regional todas las causas en que se encuentren vinculados recursos fiscales entregados a la Universidad Autónoma, atendido la inhabilidad del Fiscal Regional para conocer y dirigir las investigaciones penales vinculadas” a la casa de estudios.

También solicita que “designe un Fiscal Regional de una jurisdicción distinta para dirigir las indagatorias de las causas relacionadas a las Fundaciones Vladimir Nazor y Alihuén debido a la complejidad de la trama defraudatoria, la gravedad de los hechos, los altos montos de dinero por los cuales se defraudó al Gobierno Regional”.

Puedes revisar el escrito completo a continuación: