Magistrados y Fiscalía Regional alertan por suspensión de juicios a última hora en La Araucanía

El Comité de Jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, y el Ministerio Público, mostraron su preocupación por las reiteradas peticiones para suspender juicios orales días antes que estos comiencen a desarrollarse, pese a que son agendados con meses de antelación.

Los magistrados alertaron por la recurrente acción de acusados, quienes a través de sus defensores hacen uso de las garantías que establece el Código Procesal Penal, argumentando problemas de salud o el cambio de abogado por la pérdida de confianza para aplazar los juicios.

Una situación de ese tipo ocurrió hace un mes con el juicio contra Pelentaro Llaitul y otros cuatro acusados por un atentado incendiario cometido en Lautaro, que estaba programado para el 24 de junio y, por el cambio de abogados de uno de los acusados, se suspendió solo días antes. Así, se fijó su inicio para el 24 de noviembre.

Otro caso similar ocurrió con un juicio que debía realizarse este miércoles por insolvencia, y que resultó suspendido días antes y reagendado para el 5 de enero del 2026.

El reclamo de jueces y fiscales por cambios de fecha

Al respecto, el presidente del Comité de Jueces del TOP de Temuco, José Ignacio Rau Atria, aseveró que la situación genera dificultades para la adecuada marcha de la agenda del tribunal, que se elabora con bastante antelación.

En ese sentido, acusó que tiene impactos en los costos y también en los intervinientes como fiscales, defensores, querellantes, peritos y testigos.

Quien también mostró su preocupación por la dilación de los juicios orales fue el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien recalcó que “es una preocupación que debe ser abordada por todo el sistema de enjuiciamiento criminal, toda vez que la justicia para que sea tal tiene que ser oportuna”.

De esa forma, tanto el magistrado como el fiscal regional aseveraron que este es un tema que debe ser tratado a la brevedad, para así ver cómo evitar los abusos de las garantías establecidas en el Código Procesal Penal.