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En un posible sobreseimiento por enajenación mental se encuentra el empresario Carlos García Gross, acusado de delitos económicos por más de 31 mil millones de pesos, junto a su esposa e hijos. El Juzgado de Garantía de Temuco deberá evaluar el estado de salud mental del imputado, cuya defensa ha mencionado que está muy deteriorada. El abogado querellante confirmó la posibilidad de término de la causa para García Gross, mientras que se agendó una audiencia para ampliar las medidas cautelares respecto de los bienes de los imputados, incluyendo a la esposa y los tres hijos del empresario. La investigación se centra en la quiebra de sus empresas de construcción tras no pagar deudas millonarias y traspasar sus bienes a familiares. La defensa se basará en un informe médico para solicitar el sobreseimiento en una audiencia programada para mediados de octubre.
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En un sobreseimiento por enajenación mental podría terminar el principal imputado por la causa de delitos económicos por más de 31 mil millones de pesos. Se trata del empresario Carlos García Gross, acción legal que se sigue también en su contra de su esposa e hijos.
La decisión podría adoptarla el Juzgado de Garantía de Temuco, pero una vez que se conozca el informe deberá evaluar el Servicio Médico Legal el estado de salud mental del imputado, cuya defensa ha comentado que está muy deteriorada.
El abogado querellante del caso, Manuel Contreras Lagos, confirmó a Radio Bío Bío la posibilidad del término de la causa para el principal imputado en la misma.
Este lunes en el Juzgado de Garantía de Temuco se agendó una audiencia pedida por el querellante, Banco Itaú, para ampliar las medidas cautelares reales respecto de los bienes de los imputados, considerando que en la causa también están investigados la esposa del empresario y sus tres hijos.
Cabe mencionar que, a Carlos García Gross y a su familia directa se les investiga tras la quiebra de sus empresas del rubro de la construcción, luego de no pagar las deudas que totalizaban más de $31.000 millones.
Lo anterior, es un monto que el imputado privó de cobrar a los acreedores al traspasar todos sus bienes, propiedades, vehículos y maquinarias a sus familiares.
Por lo que, a mediados de octubre está agendada una audiencia, precisamente para conocer el informe del Servicio Médico Legal en el que la defensa del empresario se amparará para pedir el sobreseimiento de su representado en la causa.
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