La orden del Juzgado de Garantía se da luego que acogiera la solicitud del abogado Cristian Arias, defensor del general de Carabineros en retiro y exjefe nacional de Inteligencia de la institución, Gonzalo Blú, uno de los once acusados en el caso de la fallida Operación Huracán.
El fiscal regional de Aysén, derivado del caso de la fallida Operación Huracán, Carlos Palma Guerra, deberá declarar como testigo de uno de los once acusados en la causa que él mismo dirige.
En concreto, el Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud de la defensa de uno de los imputados en la causa.
Cabe destacar que este caso lleva más de 5 años en trámite y continúa en etapa de preparación de juicio oral.
La particular petición de que el fiscal del caso declare como testigo de la defensa de uno de los acusados, la formuló el abogado, Cristian Arias, luego de retornar del receso el pasado 29 de junio.
El jurista representa al general de Carabineros en retiro y exjefe nacional de Inteligencia de la institución, Gonzalo Blú. Sin embargo, Arias explicó que el persecutor Palma no será interrogado por hechos de la causa que dirige, sino por otras dos que están relacionadas.
“En que él incluso es querellado el fiscal Palma, justamente por eventuales instrucciones respecto de los peritos de cargo y -obviamente- la otra arista que es la investigación del caso contra Sergio Moya, como fiscal que intervino en la generación de los documentos de Ley de Inteligencia que son materia de acusación en este caso”, detalló.
Tras un extenso debate en el que participaron todos los intervinientes, la jueza de Garantía, Marcia Castillo, acogió la petición.
De esta manera, el fiscal regional de Aysén encargado de la causa derivada de la fallida Operación Huracán, Carlos Palma, quedó incorporado como testigo de la defensa para declarar en la causa que dirige desde 2018.
Recordemos que en este caso se encuentran once acusados, a quienes se les imputa diversos delitos consumados como: asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa.
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