La decisión de la Corte Suprema de remover al juez Daniel Urrutia sigue generando repercusiones y abrió una nueva discusión sobre los criterios utilizados para apartar a magistrados del Poder Judicial.
Desde la Organización de Trabajadores Judiciales, a la que pertenece Urrutia, su presidente, Marcelo Acevedo, insistió en que la remoción fue irregular y adelantó que buscarán llevar el conflicto más allá de los tribunales nacionales.
“A todas luces nosotros vamos a recurrir, no solamente creo que nos queda una instancia nacional por el tema del fuero sindical, sino que también a instancias internacionales, no solamente por el fuero sindical a través de los organismos de la OIT, sino que también respecto al cuaderno de remoción o a los cuadernos de remoción en general que no cumplen el debido proceso”, advirtió.
Sin embargo, las posibilidades de impugnar la decisión dentro del país son acotadas.
En paralelo, la Asociación de Juristas por la Democracia manifestó públicamente su rechazo a la remoción de Urrutia y cuestionó que se recurriera a un nuevo procedimiento para imponer la máxima sanción por hechos que, anteriormente, habían terminado con su sobreseimiento y absolución en la Corte de Apelaciones.
La organización también vinculó el caso con los estándares de independencia judicial y recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2020, que declaró la responsabilidad internacional de Chile por vulneraciones a los derechos del magistrado.
Pero la discusión también alcanza a quienes lograron permanecer en sus cargos. Es el caso del juez Óscar Pacheco, cuya defensa manifestó su conformidad con la decisión de no removerlo, aunque advirtió sobre las consecuencias que dejó el proceso para los 56 magistrados sometidos a cuadernos de remoción.
Su abogada, María Soledad Molina, cuestionó que el debate público terminara confundiendo el reposo médico con una infracción a la probidad y planteó la necesidad de discutir los derechos de los funcionarios judiciales.
“El juicio social transformó el reposo médico de un juez en un delito, lo cual me parece un retroceso en materia de derechos sociales que perjudica a nuestra cultura jurídica. Lo que nos deja todo este proceso es una pregunta: ¿Cuál es el límite entre la función pública y la integridad psíquica del funcionario público?”, cuestionó.
Así, mientras la Organización de Trabajadores Judiciales prepara acciones para impugnar la salida de Urrutia, distintas agrupaciones mantienen sus cuestionamientos a los procedimientos disciplinarios aplicados por la Corte Suprema, en medio de un proceso que ha dejado a 18 jueces removidos del Poder Judicial.
Enviando corrección, espere un momento...
