Hace más de un año parlamentarios de La Araucanía pidieron a Contraloría pronunciarse sobre eventuales faltas a la probidad administrativa en la Corporación de Desarrollo Indígena y en el propio organismo contralor.
Por lo anterior, el diputado RN Miguel Mellado solicitó al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, emitir un pronunciamiento sobre posibles irregularidades en la Conadi y en la Contraloría, las que estarían vinculadas a la toma de razón de actos que concluyeron en la compra de tierras indígenas.
“Pusimos a disposición de la Contraloría estos antecedentes hace más de un año y aún no hemos tenido respuestas, lo cual me parece de suma gravedad debido a que los antecedentes entregados podrían configurar falta a la probidad administrativa y un posible perjuicio fiscal”, sostuvo Mellado.
“Por ello, no nos quedó más que solicitar al Consejo de Defensa del Estado revisar esta situación, teniendo en consideración la necesidad de aclarar a la brevedad un tema que involucra al propio órgano contralor, y que podría traducirse en una eventual afectación del patrimonio fiscal, con hechos que podrían incluso revestir caracteres de delito”, detalló.
En efecto, el diputado junto a la senadora Carmen Gloria Aravena y a los diputados Jorge Rathgeb y René Manuel García, presentaron el 9 de septiembre del 2019 ante la Contraloría, un requerimiento donde se solicitaba una auditoria a la Conadi, para revisar bajo qué criterios se estaban comprando tierras para ser restituidas.
El documento presentado apuntaba a que en 2003 el entonces director Nacional de Conadi, Aroldo Cayun, dictó la Resolución N° 878 que dice relación con un “Manual para la aplicación del procedimiento para la compra de tierras a través del programa subsidio artículo letra b), del fondo de tierras y aguas indígenas de la Conadi”.
Sin embargo, 8 años más tarde, la Contraloría concluyó que dicha resolución no se ajustaba a derecho e instruyó a la Conadi a regularizar esa situación.
De esta forma, el director Nacional de la época, Germán Riquelme, dejó sin efecto la resolución, resolviendo que las solicitudes de comunidades deben regirse por el artículo 6° del Decreto Supremo N° 395, que reglamenta el Fondo de Tierras y Aguas.
Pese a ello, y según la presentación de los legisladores, sigue existiendo una interpretación errada: “se continúa en la duda de qué debe entenderse por los conceptos planteados en esta presentación y, en base a ello, cuando se debe entregar una aplicabilidad a una comunidad indígena determinada”.
“Ejemplos hay muchos, uno de ellos es lo ocurrido por la Comunidad Indígena Ignacio Quidel, hoy subdividida en Comunidad Temucuicui Autónoma y Comunidad Temucuicui Tradicional. A esta comunidad le corresponde el título de Merced N° 3 de una superficie original de 250 hectáreas aproximadamente, que nunca tuvo desmedro de cabida”, explicó el parlamentario de RN.
“Sin embargo, a partir de esta ambigüedad interpretativa y arbitraria para entregar aplicabilidades, que parece más una decisión política que técnica, se le ha comprado tierras a esta comunidad en 8 oportunidades, equivalente a 3.036 hectáreas, postergando a las comunidades pacíficas que siguen esperando su turno”, puntualizó.
Eventuales irregularidades
Según señala el texto presentado por los legisladores en 2019, a partir de esta ambigüedad interpretativa de la ley, las distintas administraciones de Conadi han entregado aplicabilidades y por tanto compras, a comunidades que arrogan el uso ancestral de la tierra o sitios sagrados que antes no existían.
Estos vacíos o interpretaciones erradas, a juicio del diputado Mellado, generan situaciones de violencia.
“Ya es conocido que la política de entrega de tierras fracasó y por ello, solicitamos a la Contraloría un pronunciamiento sin tener hasta ahora respuestas. Estos vacíos generan la violencia que toda la región ha debido enfrentar hace ya décadas, por las presiones ilegítimas que hacen algunas comunidades y ante la cual los gobiernos de turno a través de la Conadi han debido ceder, dejando postergadas a las comunidades pacíficas”, opinó.
Sumario administrativo
En la oportunidad los parlamentarios solicitaron además, que se investigue la actuación del propio ente contralor, al autorizar compras de tierras con un procedimiento que ellos mismos determinaron en 2011 que “no se ajustaba a Derecho” y pidieron el inicio de un sumario administrativo a los funcionarios involucrados en la compra de tierras y catastro de títulos de Merced, Comisarios y otros.
La presentación señala que “con fecha 21 de Octubre del año 2011, el entonces director Nacional de Conadi (s) Germán Riquelme Reuss, mediante Resolución Exenta N° 1847 deja sin efecto la Resolución Exenta N° 878 del año 2003 y, resolviendo que las solicitudes de comunidades deben regirse por el artículo 6° del Decreto Supremo N° 395, que reglamenta el Fondo de Tierras y Aguas”.
Lo anterior, según los legisladores, permite que las comunidades vuelvan a pedir tierras una y otra vez, debido al procedimiento que determinó el entonces director del organismo, dejando la duda de cuándo se debe entregar una aplicabilidad a una comunidad indígena determinada.
Contraloría se defiende
Contactados por Contraloría, desde el organismo se defendieron asegurando que el 4 de agosto enviaron una respuesta la prosecretario de la Cámara de Diputados, donde explican que debido a la pandemia, debieron priorizar las investigaciones que realizan.
En ese sentido, agregan que la solicitud del parlamentario será utilizada como insumo para una futura auditoría.
