El Colegio Médico de Temuco indicó que el Gobierno debe resolver lo antes posible el conflicto con los funcionarios públicos, asegurando que la situación para los establecimientos de salud es crítica, debido a que se han suspendido cientos de cirugías.
Más de 15 días hábiles han transcurrido desde que se inició el paro nacional, debido a que el Gobierno aún no logra resolver el conflicto por el reajuste salarial.
En La Araucanía son al menos 10 los gremios que se encuentran movilizados, los que están atendiendo a los usuarios a través de turnos éticos.
El Colegio Médico de Temuco entregó su apoyo a los funcionarios públicos y señaló que el Gobierno debe tomar una pronta decisión, debido a que la situación del país es compleja, sobretodo en los establecimientos de salud.
La presidenta del gremio, Verónica Fonseca, dijo una de las preocupaciones son las listas de espera quirúrgicas, indicando que sólo en el Hospital Regional se han suspendido más de 300 intervenciones.
La presidenta del Colegio Médico agregó que las listas de espera -en general- superan las 17 mil personas, indicando que cada día se postergan cerca de 12 cirugías.
La dirigenta señaló que el viernes el Hospital de Angol también se sumó al paro y que los consultorios están atendiendo las urgencias, mientras que ellos están apoyando toda la atención crítica.
El gobernador suplente de la provincia de Cautín, Mario González, criticó la movilización y dijo que cuando se habla de vidas humanas se traspasan límites éticos y morales.
La presidenta de la Fenats Histórica del Hospital Regional, Teresa Saavedra, aseguró que los funcionarios públicos también son afectados por el paro, debido que son usuarios del sistema y que por eso entienden a la ciudadanía.
La dirigente dijo que el Laboratorio del Hospital se sumó a la movilización, indicando que las muestras se tomaran en los casos que lo requieran. Añadió que la farmacia está entregando los medicamentos, pero sólo a pacientes que no pueden postergar sus tratamientos.
En tanto, el Gobierno ingresó una nueva propuesta para resolver el conflicto con el sector público, manteniendo el 3,2% y aumentando en 10 mil pesos el bono de término de conflicto para el tramo de sueldos de hasta 550 mil pesos.
