El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal por un presunto fraude al Fisco que supera los $774 millones, relacionado con contratos de suministro de materiales para obras viales en la región de Coquimbo. La acción judicial apunta a exdirectivos y funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), además del representante de una empresa contratista.
Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2022, durante la adjudicación de distintos contratos a la empresa CMoller SpA. De acuerdo con el organismo, se habrían autorizado pagos por materiales que nunca fueron entregados, suministros que no cumplían las exigencias técnicas y obras que finalmente no se ejecutaron.
La querella fue presentada ante el Juzgado de Garantía de La Serena y apunta contra cuatro personas: el exdirector regional de Vialidad, Óscar Mauricio Vilches Estay; el exjefe de Conservación y exdirector regional subrogante, José Luis Villagrán Moore; el exfuncionario e inspector fiscal Pablo Ignacio Geraldo Zúñiga; y el empresario Gustavo Adolfo Esteban Contreras Gutiérrez, representante legal de CMoller SpA.
Cuestionamientos
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la compra de rocas destinadas a construir defensas fluviales en siete puentes de la provincia del Limarí.
Aunque Vialidad adjudicó contratos por más de $1.052 millones, el CDE sostiene que en cinco sectores las estructuras de protección nunca se construyeron y que los materiales quedaron acumulados junto a los cauces, sin cumplir su propósito.
Además, se habrían detectado irregularidades en la calidad y cantidad de los suministros.
En los puentes El Higueral y Los Sapos, por ejemplo, se pagaron 5.000 metros cúbicos de rocas, pero las mediciones en terreno identificaron solo 1.873,91 metros cúbicos. Por estas operaciones, el perjuicio fiscal calculado asciende a $708.241.079.
Responsabilidades
Otro episodio ocurrió en el sector El Delirio, en Punitaqui, donde se pagaron más de $42 millones por polvo de roca y material granular que, según análisis posteriores, no cumplía con las condiciones técnicas exigidas para utilizarse como base del camino.
La situación obligó a terminar anticipadamente el contrato y realizar una nueva licitación, cuyo costo adicional fue estimado en $180 millones, monto que no está incluido en los $774 millones denunciados.
Respecto del mecanismo que habría permitido estas irregularidades, el organismo sostiene que funcionarios que participaban en la evaluación de las ofertas también intervenían posteriormente en la fiscalización de los contratos y en la autorización de pagos.
Esta falta de separación de funciones habría facilitado la aprobación de informes de recepción que certificaban suministros defectuosos, incompletos o inexistentes. La empresa involucrada habría obtenido al menos 33 licitaciones de Vialidad Coquimbo durante 2021 y 2022.
En cuanto a las responsabilidades, la querella atribuye al exdirector Óscar Vilches participación en la adjudicación de contratos y designación de funcionarios que posteriormente fiscalizaban los mismos procesos.
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