Hoy día, mañana, pronto. Casi como la necesidad de tener más oxígeno, causada por el desgaste político que ha continuado generando la controversia, el asunto de cuándo ingresa la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se ha vuelto un tema en sí mismo.
“No está claro”, dicen fuentes opositoras cuando se les pregunta por el momento de ingreso del texto. El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, dice que la acusación está virtualmente terminada y que solo quedan correcciones de forma.
Si se dilata aún más su ingreso, será por alguna de estas razones: porque, teniendo a los medios de comunicación como principal insumo, esperan más antecedentes; porque quieren seguir presionando al Gobierno por la entrega de decretos; o porque quieren mantener en la agonía a Chile Vamos, el sector del oficialismo que está más complicado con la votación.
Chile Vamos ante AC contra Rabat: votos en disputa y presión de La Moneda
El diputado Raúl Soto dijo que de ahí podrían salir algunos votos y también —como una expresión de deseo— dijo esperar el apoyo total del PDG:
“Está concluyendo el trabajo de redacción. Yo diría que estamos en un 99% de avance. Actuemos no por presiones políticas, sino por principios. También van a existir votos del oficialismo, particularmente de Chile Vamos, y espero que tengamos los votos de la totalidad del PDG”.
En la centroderecha, hay agotamiento. Mientras los presidentes de partido —poniendo a prueba sus propios liderazgos— buscan que el diálogo directo con el presidente Kast permita ordenar al sector; en sus bancadas, las trayectorias políticas de los parlamentarios y el creciente rechazo a la figura de Rabat en las encuestas complican la unidad.
La segunda vicepresidenta de la Cámara y diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, dice que la tardanza en el ingreso del libelo se podría deber a la dificultad de los argumentos jurídicos:
“A la luz de lo que se conoce, no es fácil demostrar que existe una clara transgresión a la Constitución y a las leyes de parte del ministro Rabat. Y es por eso que tal vez se han demorado tanto. Yo espero que no exista una doble intencionalidad, que es de alguna forma contaminar la discusión que vamos a dar sobre el presupuesto de la nación”.
Nuevos decretos aumentan presión sobre Rabat
La Ley de Garantías de la Niñez, el Estatuto de Roma en materia de crímenes de lesa humanidad y el principio de probidad son las patas de la mesa en los tres capítulos del texto de la AC contra Rabat.
El viernes se supo que un condenado a expulsión por tráfico que recibió rebaja de condena firmada por Rabat fue detenido otra vez por tráfico.
El domingo en la noche, Bío Bío Investiga contó que el ministro de Justicia firmó el 5 de noviembre un decreto que redujo en diez meses la condena de un hombre sentenciado a cinco años por asesinar en 2022 a un adulto mayor.
En la oposición, acusan que esto no sería consistente con la suspensión de la firma de decretos que anunció el Gobierno. El socialista Daniel Manoucheri emplazó al oficialismo y les señaló que el apuro lo debería tener La Moneda, para entregar todos los antecedentes:
“Si la derecha tiene tanto apuro que le exija a Kast transparentar los decretos y que se preparen para votar, tendrán que decidir si están con las víctimas o si van a blindar las decisiones pro-pederastas de este gobierno”.
El PDG se divide
El PDG tiene, evidentemente, dos visiones. En este momento, es mayoritaria la postura de que Rabat debe salir del cargo y, si no lo hace renunciando, debe ser por una acusación.
Zandra Parisi es más distante de esta tesis. Plantea que hay que concentrarse en las soluciones, que no llegarán mágicamente si Rabat sale del cargo.
“Las responsabilidades no pueden terminar simplemente con la salida de una autoridad. Debemos preocuparnos también de corregir las leyes. Respecto de la acusación, lo responsable es conocer primero el documento. Como PDG esperamos poder construir una posición común”.
A este escenario se suma un nuevo flanco para el Gobierno. El viernes, el Ejecutivo apeló ante la Corte Suprema para intentar revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió la solicitud de rebaja de condena de Víctor Alarcón, sentenciado por la violación de una menor de 14 años.
El caso podría poner nuevamente a prueba la defensa de Rabat. Si la Suprema respalda el fallo, el Gobierno tendría que enfrentar una decisión sobre una rebaja de pena por un delito sexual contra una menor, pese a haber anunciado la suspensión de estos decretos. Pero si el máximo tribunal acoge la apelación del Ejecutivo, se abrirían nuevas preguntas sobre la jurisprudencia que el propio ministro ha invocado para justificar las rebajas ya concedidas.
Por eso, en un sector de la oposición creen que todavía conviene esperar antes de ingresar la acusación. No solo por los antecedentes que siguen apareciendo, sino también por lo que pueda resolver la Contraloría respecto de la entrega de los decretos que el Ministerio de Justicia aún no proporciona.
Así, mientras La Moneda intenta ganar tiempo para ordenar a sus parlamentarios, en la oposición hay quienes apuestan precisamente a lo contrario: prolongar la incertidumbre, sumar nuevos antecedentes y mantener la presión sobre un ministro que, pese al respaldo presidencial, sigue sin despejar su futuro político.
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