Un fallo del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo responsabilizó a un establecimiento educacional por no adoptar medidas suficientes para proteger a un alumno de 12 años que fue agredido por un compañero durante los recreos.
La resolución acogió la demanda de indemnización presentada por la familia del estudiante y condenó a la Fundación Educacional Colegio Santa Marta de Coquimbo a pagar $5 millones por concepto de daño moral.
Los hechos se remontan a julio de 2024, cuando el menor sufrió una serie de agresiones en el patio del recinto, por parte de otro estudiante de 14 años.
Según estableció el tribunal, el colegio incumplió sus obligaciones de vigilancia y protección, pese a contar con antecedentes que permitían anticipar situaciones de riesgo.
Tardía respuesta del colegio
Durante el juicio, el establecimiento sostuvo que había activado sus protocolos de actuación y atribuyó los episodios a la conducta de un tercero.
Sin embargo, el tribunal consideró que las medidas adoptadas no fueron suficientes para garantizar la integridad física y psicológica del alumno.
En particular, la sentencia cuestionó que transcurrieran cinco días antes de que la situación fuera informada al equipo de Convivencia Escolar y que las medidas efectivas para separar a los estudiantes se implementaran semanas después, incluso tras observaciones del Juzgado de Familia de Coquimbo.
Asimismo, el fallo precisó que las necesidades educativas especiales del estudiante que protagonizó las agresiones no eximían al establecimiento de responsabilidad, sino que exigían una supervisión acorde con esas circunstancias.
Consecuencias para el estudiante y su familia
De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, el niño desarrolló un trastorno de estrés postraumático, requirió licencias médicas y quedó al margen de actividades del aniversario escolar.
Finalmente, debió abandonar el establecimiento, donde había estudiado durante nueve años.
Su madre también acreditó un trastorno adaptativo asociado a lo ocurrido y a la respuesta del colegio frente a las agresiones.
El abogado de la familia, Rodrigo Valdivia Briceño, sostuvo que la demanda apuntó a demostrar que el recinto no implementó medidas preventivas y de protección adecuadas, pese a conocer los antecedentes.
Además, indicó que la Superintendencia de Educación constató incumplimientos y aplicó una multa al establecimiento.
Por otra parte, el tribunal rechazó una contrademanda presentada por el colegio contra los padres, mediante la cual buscaba cobrarles $63 millones. Junto con ello, condenó al establecimiento al pago de las costas procesales, al considerar que su pretensión carecía de fundamento.
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