Una investigación de la Fiscalía de Atacama y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desbaratar una presunta estructura dedicada a defraudar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mediante la emisión de bonos PAD de atención dental que nunca fueron realizados, provocando un perjuicio superior a los $260 millones al Estado.
Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad venezolana, quienes fueron formalizadas por diversos delitos. Dos de ellas quedaron en prisión preventiva, mientras que las otras dos cumplirán arresto domiciliario nocturno. Según la investigación, cerca de 400 pacientes habrían resultado afectados, entre ellos menores de edad.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal de la Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama, Luis Miranda Flores, la organización operaba desde el centro médico VenNorte, ubicado en Copiapó.
La indagatoria estableció que los pacientes acudían al recinto para realizarse exámenes de imagenología, los que efectivamente eran efectuados. Sin embargo, durante el proceso de atención, la huella digital utilizada para validar dichas prestaciones en el sistema I-MED era empleada sin conocimiento de los usuarios para emitir bonos PAD correspondientes a tratamientos dentales inexistentes.
Esos bonos eran posteriormente cobrados a Fonasa, generando un millonario perjuicio fiscal.
Fiscalía apunta a asociación ilícita y lavado de activos
Durante la formalización, el Ministerio Público sostuvo que los cuatro imputados actuaban de manera coordinada y con funciones previamente definidas para concretar el fraude.
Entre ellos figura quien sería el líder e ideólogo de la operación, un auxiliar paramédico de odontología que, según la Fiscalía, se hacía pasar por médico, configurando además el delito de ejercicio ilegal de la profesión.
También fue formalizado un imputado encargado de recibir y redistribuir los fondos obtenidos mediante la defraudación; un médico radiólogo que firmaba informes clínicos de los pacientes mientras sus datos biométricos eran utilizados para emitir los bonos falsos, y la recepcionista del recinto, quien operaba el sistema I-MED y capturaba las huellas digitales para concretar las operaciones.
En la audiencia, la Fiscalía presentó como muestra antecedentes de 31 pacientes cuyas huellas fueron utilizadas para tramitar prestaciones odontológicas inexistentes.
Fraude habría operado durante casi tres años
Asimismo, el persecutor indicó que, además de la asociación ilícita y la obtención fraudulenta de prestaciones estatales, se investiga el delito de lavado de activos.
Según la investigación, los imputados habrían creado otras sociedades, entre ellas una farmacia, una perfumería y la Comercializadora Venfarma, para triangular el dinero obtenido y ocultar el origen ilícito de los recursos. Por ello, también se imputó responsabilidad penal a las personas jurídicas involucradas.
La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Copiapó, subprefecta Cecilia Diez Carrasco, señaló que las diligencias permitieron acreditar que los imputados utilizaban el centro médico como plataforma para emitir prestaciones odontológicas inexistentes mediante la modalidad PAD dental.
La oficial agregó que el mecanismo habría funcionado durante casi tres años y que la investigación permitió desarticular la estructura criminal tras un trabajo conjunto entre la Bridec y la Fiscalía.
Pacientes quedaron impedidos de acceder a tratamientos
El fiscal Luis Miranda advirtió que el fraude no solo afectó económicamente al Estado, sino también a los pacientes involucrados.
Esto, porque al aparecer en el sistema de Fonasa que los tratamientos dentales ya habían sido ejecutados y pagados, las víctimas quedaron imposibilitadas de acceder posteriormente a esas prestaciones.
El Juzgado de Garantía decretó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación. En ese periodo, la Fiscalía y la PDI continuarán realizando diligencias y no descartan identificar a más personas afectadas.
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