Cuando la política renuncia a los acuerdos: Chile pierde

La última medición del Test Descifra sobre el gabinete del presidente José Antonio Kast deja una señal que va mucho más allá de la evaluación del ministro de Hacienda. Jorge Quiroz aparece simultáneamente como el integrante más poderoso del gabinete y como uno de los peor evaluados por la ciudadanía para conducir la economía. Esa aparente contradicción no habla únicamente de un ministro; habla de una forma de hacer política que comienza a mostrar claros signos de agotamiento.

El deterioro de la percepción pública sobre Quiroz no puede explicarse solo por una encuesta. Chile enfrenta un crecimiento económico insuficiente, un desempleo que preocupa a miles de familias y un clima de incertidumbre que afecta tanto a trabajadores como a emprendedores e inversionistas. En ese contexto, insistir en que “no hay visos de recesión” puede ser técnicamente defendible, pero resulta políticamente insuficiente cuando la experiencia cotidiana de muchos chilenos es muy distinta.

Un ministro de Hacienda no solo administra cifras macroeconómicas. Debe construir confianza. Y la confianza no se obtiene relativizando las señales de alerta, sino reconociéndolas, enfrentándolas con realismo y generando certezas mediante una conducción política capaz de convocar a distintos actores en torno a soluciones compartidas. Cuando esa capacidad se debilita, también se debilita la legitimidad de las reformas que impulsa.

Sin embargo, sería un error creer que el problema termina en el gobierno. La oposición tampoco puede conformarse con observar el desgaste del oficialismo desde la galería. Su responsabilidad democrática no consiste únicamente en fiscalizar o rechazar proyectos, sino en mejorarlos. Cuando las principales fuerzas de la centroizquierda aparecen divididas frente a debates estratégicos, sin una propuesta común capaz de influir en el resultado final, también renuncian a una parte esencial de su responsabilidad con el país.

Durante mi paso por la Cámara de Diputadas y Diputados comprendí que las mejores leyes no nacen de la imposición de una mayoría circunstancial. Nacen del diálogo, de escuchar argumentos distintos y de la disposición a corregir un proyecto cuando existen mejores ideas. Ese ejercicio muchas veces exige ceder posiciones, pero fortalece las instituciones y entrega mayor estabilidad a las políticas públicas.

Esa fue una de las principales virtudes de la política chilena durante los años en que la Concertación lideró el país. Con todas las diferencias, errores y críticas que legítimamente pueden hacerse a ese período, existía una convicción compartida: las reformas de largo plazo debían construirse mediante acuerdos amplios. Esa cultura permitió dotar al país de estabilidad institucional, impulsar el crecimiento económico y reducir significativamente la pobreza. No era una política exenta de conflictos, pero sí una política que entendía que gobernar exigía dialogar.

Hoy pareciera imponerse la lógica contraria. Un gobierno convencido de que disponer de los votos basta para sacar adelante reformas complejas y una oposición que, con demasiada frecuencia, privilegia sus diferencias internas antes que construir alternativas viables. En ambos casos, pierde Chile.

La buena política no consiste en celebrar derrotas del adversario ni en imponer proyectos por la fuerza de una mayoría. Consiste en construir mejores leyes. Para ello es indispensable recuperar espacios permanentes de diálogo político y técnico: mesas de trabajo con especialistas independientes, universidades, gremios, organizaciones sociales y representantes de las distintas fuerzas políticas. Las grandes reformas no debieran aprobarse solo porque existen los votos suficientes, sino porque han sido suficientemente discutidas, corregidas y legitimadas.

Negociar no es renunciar a las convicciones. Es asumir que ninguna fuerza política posee por sí sola todas las respuestas y que las mejores soluciones suelen surgir cuando distintas miradas son capaces de encontrarse.

Chile enfrenta desafíos enormes en materia de crecimiento, empleo, seguridad y cohesión social. Ninguno de ellos se resolverá desde la lógica de la imposición permanente. Tampoco desde una oposición que se limite a esperar el desgaste del gobierno de turno.

Chile necesita un gobierno dispuesto a escuchar y una oposición seria, responsable y capaz de construir acuerdos pensando en el interés nacional. Necesita una política que vuelva a medir su éxito no por quién gana una votación, sino por la calidad de las leyes que entrega a los ciudadanos. Porque las mayorías permiten aprobar proyectos, pero solo los acuerdos construyen políticas públicas duraderas. Y cuando la política olvida esa diferencia, al final no pierde un gobierno ni una oposición: pierde Chile.