Luego de una auditoría, la Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la administración de los liceos que la Universidad de Santiago de Chile (USACH) gestiona por delegación del Ministerio de Educación (MINEDUC). La casa de estudios deberá pagar más de 327 millones de pesos.
La revisión corresponde a los convenios suscritos entre ambas instituciones. Abarca el período entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
El objetivo del organismo fiscalizador era verificar la existencia de mecanismos de control y supervisión para la correcta ejecución de los convenios. Asimismo, revisar el proceso de rendición de cuentas de los recursos transferidos y comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la administración de los respectivos establecimientos educacionales.
De esta manera, la auditoría reveló diversas irregularidades en cuanto al uso de recursos destinados a la administración de los centros de enseñanza. Entre ellos se encuentran el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez y los liceos Experimental Artístico, Industrial de Angol, Industrial de Nueva Imperial y Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda.
Gastos no justificados
Se descubrieron pagos de asignaciones y bonos sin acreditar su procedencia ($165.802.665), gastos rendidos por actividades no vinculadas al funcionamiento de los liceos ($103.783.058), bienes no habidos ($5.555.932) y la existencia de un trabajador registrado simultáneamente en la dotación de dos establecimientos sin acreditar el cumplimiento efectivo de sus jornadas laborales ($18.863.245).
Ante ello, la CGR formulará un reparo por $327.700.415, sin perjuicio de otras acciones relacionadas. Además, en los casos que corresponda, la Usach deberá instruir procedimientos disciplinarios.
Conflictos de interés
Por otra parte, la revisión detectó conflictos de interés en la administración de liceos. Entre estos aparecen las contrataciones de una sociedad vinculada a un funcionario de la universidad, así como personas con vínculos familiares directos.
Como recalca Contraloría, dichas situaciones no se ajustan al principio de probidad administrativa.
En consecuencia, la casa de estudios tendrá que establecer herramientas de control que aseguren el cumplimiento del deber de abstención.
Igualmente, deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Cursos sin autorización
La fiscalización también concluyó que el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez (bajo tutela de Usach) imparte desde 2016 una especialidad técnico-profesional sin contar con la autorización de la Seremi de Educación Metropolitana. La universidad deberá informar las gestiones realizadas para regularizar esta situación.
Finalmente, el informe constata que la cantidad de cursos, especialidades formativas y matrícula de diversos establecimientos administrados por la Universidad de Santiago de Chile “presenta disminuciones”. Esto último, respecto de lo establecido en los convenios suscritos con el Ministerio de Educación”. La universidad deberá respaldar las gestiones efectuadas para regularizar esta situación.
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