Dirigentes del Centro Penitenciario de La Serena afirman que la falta de personal y de apoyo psicológico está derivando en un aumento de las licencias médicas, lo que ha complejizado aún más el trabajo. Advierten que solo quedan 38 cupos para internos.
La insatisfacción con la que trabajan los gendarmes del Complejo Penitenciario de Huachalalume, en La Serena, no es novedad. Llevan años quejándose por las condiciones laborales y solicitando apoyo psicológico. Sin embargo, con la llegada de reos de alta peligrosidad desde otras regiones, la situación ha empeorado para ellos.
En conversación con Diario El Día, Jokan Garrido, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Provincial Elqui, reconoce que no dan abasto para los 2.280 internos que alberga el recinto.
“La cantidad de funcionarios que trabajan en trato directo con la población penal equivale a uno por 120 reos”, detalla el dirigente, lo que se ha complicado aún más en verano, puesto que hay varios trabajadores de vacaciones y con licencia médica.
“Hemos llegado a trabajar dos funcionarios para casi 450 internos”, precisó.
Gendarmes acusan que “no existe apoyo psicosocial”
El también secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) advirtió que no cuentan con apoyo psicosocial en la institución.
“No tenemos psiquiatras y desafortunadamente se han producido una gran cantidad de suicidios de funcionarios a nivel nacional y pese a esto, la autoridad del servicio no ha invertido en la salud mental del personal”, acusa.
Garrido agrega que si bien a fines del 2022 llegó un contingente de 30 profesionales, distribuidos en toda la región, fue insuficiente para los requerimientos actuales.
“La zona norte es una de las que más requiere personal, lo que representa una presión psicológica importante y un peligro a nuestra integridad física, porque el trato directo solo se hace con un bastón institucional y un chaleco anti cortes”.
Cárcel de Huachalalume está al límite de su capacidad
Por su parte, el encargado de la oficina de Clasificación y Segmentación Penal de Huachalalume, Freddy García, reveló a El Día que la cárcel de La Serena está llegando al límite de su capacidad.
“Hemos tenido un aumento progresivo de internos, principalmente de otras nacionalidades (…) de hecho, estamos a menos de 40 cupos de completar la capacidad máxima del Complejo Penitenciario, cuyo diseño está estipulado para 2.318 internos”, sentencia.
Por este motivo, el dirigente expresó que “nuestra labor se ha vuelto cada día más compleja, porque los internos que están llegando al penal son de un contagio criminológico más grande y tienen un prontuario delictual mayor, tenemos bandas que están siendo investigadas a nivel país, tales como facciones del Tren de Aragua o el brazo armado de Los Gallegos”.
En esta línea, reconoce que “el escenario es difícil, porque las herramientas legales y administrativas cada día son menores y el sistema penitenciario sigue siendo muy garantista para los internos, por lo que se trabaja al límite de la seguridad y de no incurrir en la ilegalidad, por tratar de contener situaciones peligrosas”.
Todos los días hay un gendarme herido
García lamenta que, al igual como sucede en otros recintos penitenciarios del país, se ha vuelto una tónica que algún gendarme salga herido de una jornada laboral.
“Esto irá empeorando por los niveles de recrudecimiento de la hostilidad interna. Los códigos que tienen son cada vez más avezados, lo que se ha potenciado con los internos extranjeros, quienes no respetan el acatamiento de normas ni la vida humana, porque son totalmente antisociales y refractarios a toda norma”, asegura.
Más allá de la Ley N° 20.214 que sanciona las conductas que culminen con la muerte o lesiones del personal de Gendarmería, o las que signifiquen amenazas a su vida e integridad física, según García, en la institución se encuentran desvalidos, porque las penas son mínimas y muchas veces los reos prefieren agredir a un gendarme, con tal de obtener un traslado.
“La falta de personal y recurso logístico es común en Gendarmería, por lo que seguimos siendo los hermanos pobres de las instituciones policiales, tampoco llamamos la atención de los políticos, sino hasta que ocurre algún hecho violento, como motines o incendios”, alegó el dirigente.
Gobierno adoptó medidas: sumó 30 funcionarios a cárcel de Huachalalume
Al ser consultado, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, Rubén García, indicó que “junto al Director Regional de Gendarmería de Chile, el Coronel Luis Muñoz, hemos impulsado el aumento de la dotación de funcionarios en la región, es así como en el mes de enero se han integrado 30 funcionarios, quienes han sido distribuidos en todas las unidades penales”.
El detalle de estos ingresos es: 15 para el Complejo Penitenciario Huachalalume; 5 para el Centro de Detención Preventiva de Ovalle; 5 para el Centro de Detención Preventiva de Illapel; 4 para el CIP – CRC de Las Compañías y 3 para la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP).
La autoridad expresó que “la salud mental de nuestros funcionarios y funcionarias, es un tema central para nosotros, por eso como un desafío de nuestro ministerio, hemos hecho tratativas y conversaciones con distintas universidades, para poder lograr convenios, que les permitan acceder a atención psicológica con precios accesibles, lo que queremos hacer extensivo a todos los trabajadores de nuestros 6 servicios dependientes y relacionados”.
Diputados piden soluciones urgentes por colapso de Huachalalume
La preocupación por el complejo escenario del recinto que se ha extendido a las autoridades locales, quienes emplazan al Gobierno a dar soluciones concretas.
El diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, aseguró que desde hace mucho tiempo se conoce que el recinto ubicado en Huachalalume se encuentra colapsado, sobre todo, con las personas que quedan privadas de libertad como consecuencia de procesos que se siguen en el norte, no solo por inmigración ilegal, sino también por crimen organizado.
“En ese aspecto, el ejecutivo tiene que reaccionar. Y como se lo planteamos hace mucho tiempo a la ministra del Interior, Carolina Tohá y a su subsecretario, Manuel Monsalve, que es hora que pongan en operación la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, que lleva parada más de un año por temas netamente ideológicos”, dijo.
Mientras que el representante de la Democracia Cristiana (DC), Ricardo Cifuentes, aseveró que lo que atraviesa la principal cárcel regional es preocupante y se tiene que resolver urgentemente.
“Es un recinto concesionado y, por lo tanto, es posible pensar… De hecho, yo ya tengo una reunión concertada con el director nacional de Concesiones, conversar acerca de esta materia y poder analizar su ampliación. La gracia de este tipo de sistema es esa: que permite agilizar y es más dinámico para buscar soluciones”, añadió.
Entretanto, el diputado de Avancemos Chile, Víctor Pino, afirmó que desde hace varios meses que los gendarmes han estado manifestando dificultades para llevar a cabo su trabajo.
“Me imagino que la mayoría de las licencias médicas que presentan son por estrés, lo que también va supeditado a la carencia de apoyo por parte de la opinión pública. Tal como pasa con Carabineros. Si a eso le sumas la llegada de reos desde otras naciones que son de bandas organizadas, se contamina delictualmente a quienes quizás no estaban tan mal”, agregó.
Por último, la parlamentaria del Partido Comunista (PC), Carolina Tello, señaló que “nos vemos enfrentados a un escenario bastante precario en materia de protección, especialmente sicológica, para los gendarmes. Es urgente avanzar en garantizar sus tratamientos sicológicos, tal como pasa en Santiago, ya que hablamos de labores altamente sensibles. Valoro el alza en la dotación, pero hablamos de condiciones estructurales históricas”.
