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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género informó que el recurso presentado a favor de Nabila Rifo para revertir la libertad condicional de Mauricio Ortega fue declarado admisible. Se busca que Ortega retorne a prisión por lesiones graves y gravísimas en contexto de violencia intrafamiliar. Inicialmente condenado a 26 años, su pena se redujo a 18 años luego de apelación.

A través de una declaración pública, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género informaron que el recurso presentado en favor de Nabila Rifo, que busca revertir la libertad condicional a Mauricio Ortega, fue declarado admisible.

“Valoramos que se haya declarado admisible el recurso de amparo presentado por este Servicio en favor de la víctima, el cual busca revertir la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la región, y lograr el reingreso de Mauricio Ortega al recinto penitenciario”, indicaron.

Agregando “reiteramos que desde el Servicio estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso. Reafirmamos nuestro compromiso con ella y con todas las mujeres que viven violencia de género”.

Fue hace una semana que se conoció que Mauricio Ortega, quien fue condenado por lesiones graves y gravísimas, en el contexto de violencia intrafamiliar, salió de la cárcel tras recibir el beneficio de libertad condicional.

En primera instancia, el sujeto fue condenado a 26 años de prisión por los delitos de lesiones graves, gravísimas y femicidio frustrado. No obstante, tras la apelación de su defensa, la Corte Suprema eliminó el delito de femicidio frustrado, por lo que su condena se redujo a 18 años de cárcel.

Recordemos que, previamente, un reportaje de BBCL Investiga reveló que este año destituyeron a Beatriz Ramírez Díaz, la abogada del organismo que representó a la víctima durante todo el proceso judicial y no reasignaron la causa a otra profesional. Como resultado final, nadie del servicio la asesoró y no pudo ser escuchada en la audiencia que selló la libertad de su agresor.

Según información recaba por este medio, los hechos se remontan a fines de septiembre recién pasado, cuando el Juzgado de Garantía de Coyhaique notificó a la jurista de la solicitud del condenado. El dilema es que hace cinco años que la letrada no puede acceder al correo institucional del SernamEG, donde llegó el aviso del tribunal.