Coordinaciones entre la PDI y Fiscalía permitieron la captura de un individuo sindicado como un “cobrador violento” de una red de prestamistas ilegales “gota a gota” desbaratada por la policía civil a fines de 2017, en la denominada operación “Kuykuña” (andar sigiloso, en aymara).
El sujeto, de nacionalidad colombiana, individualizado con las iniciales J.A.V.A., de 25 años de edad, es investigado por su responsabilidad en situaciones de cobro con uso de la fuerza contra comerciantes de la ciudad que contrajeron deudas con esta organización criminal.
El individuo fue capturado luego que la Fiscalía consiguiera una orden de detención judicial en su contra, además de una autorización para la entrada y registro de su domicilio en Arica.
En el lugar, los efectivos de la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado de la PDI dieron con evidencia inculpatoria consistente en un cuaderno con anotaciones de cobros, 750 mil pesos en efectivo producto del negocio ilícito y teléfonos celulares con una aplicación utilizada para llevar la contabilidad de los ingresos y egresos de este grupo criminal.
Este viernes el imputado fue enviado a prisión preventiva, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Arica por los delitos de usura, amenazas e infracción a la Ley de Bancos.
El jefe del equipo investigativo, comisario Marcelo Rivero, explicó que tras la captura de los 20 miembros de esta organización, en noviembre del año pasado, las indagatorias han continuado para evitar la reactivación de los préstamos ilegales.
Operación “Kuykuña”
Según la investigación realizada por la PDI en 2017, esta organización llegó a entregar préstamos a cerca de 400 pequeños y medianos comerciantes de la ciudad, que iban de los 100 mil a los 3 millones de pesos, los cuales debían pagarse diariamente (gota a gota) hasta en 24 días, con un interés que fluctuaba entre el 20% y el 70%.
En aquella oportunidad, los detectives detuvieron a 20 individuos (16 colombianos, dos chilenos y dos peruanos), investigados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, usura e infracción a la Ley General de Bancos.
Entre los detenidos figuraba el líder de este grupo criminal, un colombiano de 30 años, conocido como el “Tavo”, quien operaba desde el extranjero, y su brazo operativo en territorio nacional, una mujer de 51 años. La organización se caracterizaba por funcionar bajo una estructura altamente jerarquizada, con personas que además cumplían roles de supervisores y cobradores en terreno de las ganancias.
El grupo se caracterizaba, además, por mantener al día la contabilidad de su negocio, a través de una plataforma online que permitía conocer en tiempo real el flujo de dinero y la ubicación de sus cobradores.
El dinero recaudado fluía hacia la ciudad colombiana de Buenaventura, principalmente a través de giros financieros, correos humanos y vehículos con compartimentos especiales.
