Condenas que suman 642 años de cárcel, además de multas de 7.730 UTM y el comiso de bienes, es parte de lo que pide la Fiscalía Regional de Antofagasta para los 22 integrantes de una estructura criminal transnacional que operó en la zona entre 2020 y 2025, y se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos.
La organización fue desarticulada en agosto de 2025, durante una masiva operación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por brigadas especializadas de la PDI, conocida como “Casa de Muñecas”, la que tuvo como blanco distintos domicilios y establecimientos comerciales de la ciudad.
En dicha ocasión, además de la detención de los acusados, en su mayoría extranjeros, se logró la incautación de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y diversa documentación contable y bancaria, pero lo más importante es que se rescató a una veintena de víctimas que eran explotadas por la organización.
De acuerdo con la indagatoria, las víctimas habrían sido captadas en sus países de origen, o bien en Antofagasta, aprovechándose de su situación de precariedad, pues muchas veces se encontraban en condición migratoria irregular y sin redes de protección o apoyo.
Fiscalía pide penas entre los 17 y 47 años
Tras meses de investigación, el Ministerio Público presentó acusación en contra de los integrantes de la estructura por los delitos de asociación criminal para cometer trata de personas, trata de personas con fines de explotación sexual, promover o facilitar la entrada o salida del país para la prostitución, asociación para cometer el delito de lavado de activos, lavado de activos y tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades.
En el documento, la Fiscalía solicita para los acusados penas que oscilan entre 17 años y 47 años de presidio, según la participación que se les atribuye en los hechos, lo que arroja un total de 642 años y 26 días para la organización completa.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los imputados habrían formado parte de una estructura de origen transnacional, compuesta por cuatro agrupaciones criminales más pequeñas, articuladas como clanes familiares, que operaban prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía el comercio sexual.
La banda usaba comercios de fachada para ocultar las ganadas obtenidas en la explotación sexual. En uno de los análisis financieros se identificaron más de 2.800 transferencias de bajo monto, un patrón que, según la investigación, buscaba eludir los controles del sistema financiero. Uno de los clanes, además, habría otorgado préstamos usureros conocidos como “gota a gota”.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el eje de la acusación es patrimonial. “A una organización criminal no se la vence solo con detenciones; se la vence cuando pierde su dinero. El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo”, manifestó.
“En la trata, seguir el dinero no solo permite probar el lavado: permite reconstruir la explotación que lo hizo posible. Cuando una organización pierde su patrimonio, pierde también su capacidad de volver a captar”, reforzó el persecutor.
Extradición de líder de la organización
La Fiscalía también gestiona la extradición desde Colombia de otra imputada, quien se encontraba fuera del país al momento del operativo y sería una de las líderes de uno de los clanes.
La mujer fue formalizada en ausencia en abril de 2026 y en mayo la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió su solicitud de extradición activa. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva mientras avanza el proceso de extradición en su país.
“El crimen organizado no reconoce fronteras, y la justicia tampoco puede reconocerlas. La cooperación internacional no es un complemento de la persecución penal: es su condición. Agradezco a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, a nuestra Cancillería y a las autoridades de Colombia. Sin esa cooperación, una orden dictada en Antofagasta no habría tenido efecto al otro lado del continente”, señaló el persecutor.
En su mensaje final, Castro Bekios dijo que “la Fiscalía Regional de Antofagasta no descansará en la persecución de quienes deban responder ante los tribunales chilenos, donde sea y por el tiempo que intenten ocultarse. La verdad que deben establecer los tribunales no tiene fronteras”.
La audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 30 de noviembre, ocasión en que el Juzgado de Garantía revisará la prueba que las partes llevarán al juicio, y que, por el lado de la Fiscalía, está compuesta por 79 testigos, 7 peritos, 571 documentos, entre otros elementos.
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